La Cámara Alta convirtió en ley
el proyecto que limita la propiedad extranjera de la tierra, impulsado por
el Gobierno y reclamado insistentemente por la presidenta Cristina Fernández,
en la última sesión del año que completa el período de Extraordinarias
convocadas por la jefa del Estado.Con 62 votos a favor y solo uno
negativo, en la votación "en general", tras la segunda jornada de la
sesión especial del Cuerpo y con nueve horas de debate, el proyecto fue
convertido en ley luego de ser aprobado también "en particular".
La presidenta de la comisión de
Agricultura, la kirchnerista Graciela de la Rosa, fue la encargada de
argumentar en favor del proyecto oficialista.
Justificó su elaboración en que
"el recurso Tierra es un recurso estratégico no renovable" y apuntó
que en el mundo en la actualidad hay una "oferta restringida de tierra
para la producción de alimentos", por lo que consideró fundamental
preservar la tenencia en manos nacionales.
Respecto de la iniciativa,
afirmó que es "un proyecto muy simple, que restringe de una manera
coherente y simple el dominio extranjero de las tierras rurales", y que
"establece 15 por ciento como límite para la titularidad de dominio extranjero".
También reseñó que, según la norma, de ese 15 por ciento del territorio
permitido, "en ningún caso puede superar 30 por ciento en manos de
personas físicas y jurídicas (de una misma nacionalidad)".
De la Rosa remarcó que la
tercera restricción de la ley dispone que el total de las tierras rurales que
pueden estar en manos de un mismo titular extranjero "no podrá superar las
mil hectáreas (de la zona núcleo que componen norte de la provincia de Buenos
Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba) o su equivalente (superficies que
serán definidas por las provincias)".
El socialista Rubén Giustiniani
sostuvo, por su parte, que la ley "es un paso adelante", pero
advirtió que la norma "debe completarse con una ley integral de uso y
tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de
los recursos naturales y el desarrollo económico".
El santafesino anti-K Carlos
Reutemann rompió su largo silencio parlamentario al sostener que el avance
tecnológico implica un incremento de la producción agropecuaria, y que eso
"hace ver que cada vez más hará falta el suelo", al que calificó como
"un bien estratégico", pero dijo que el proyecto debe ser considerado
"un gran avance".
Mientras tanto, la salteña
Sonia Escudero se lamentó de que el Senado "no haya sido la cámara de
origen del proyecto" porque "por el conocimiento que tienen los
senadores de su provincia", se hubiera conseguido "una ley
técnicamente mejor". El oficialismo, con el asesoramiento de técnicos del
Poder Ejecutivo, introdujo cambios al proyecto original: bajó de 20 a 15 por ciento el límite a
toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio
nacional respecto de personas de nacionalidad extranjera.
El porcentual se computará
también sobre el territorio de la provincia, municipio o "entidad
administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural", dice el
texto de la ley.
Por otra parte, se dispone que
las tierras rurales, cuyo significado se amplió al definirse como a todas
aquellas que están fuera del ejido urbano de un mismo titular extranjero, no
podrán superar las mil hectáreas "o superficie equivalente" según la
ubicación territorial, a determinar por el Consejo Interministerial de Tierras
Rurales.
En cuanto a quiénes quedan
exceptuados de las limitaciones, el dictamen estableció que son los extranjeros
que cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada.
También los que tengan hijos
argentinos y demuestren una residencia permanente de cinco años, o los que
estén casados con ciudadanos argentinos con residencia acreditada.
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