Por Luciana Rodriguez Sacco. - Reina Maraz, mujer, migrante y boliviana, fue acusada del asesinato de su marido Limber Santos, ocurrido en 2010. La fiscalía demoró tres años en ponerle un intérprete quechua y en octubre la condenó a cadena perpetua. La historia de Reina es una historia donde la violencia de género, la violencia institucional y la judicial conforman una red difícil de desarticular.
Reina se desplomó sobre el piso
de la Unidad Penitenciaria de Los Hornos cuando un intérprete quechua le contó el por qué estaba detenida desde
hacía más de un año: la acusaban de haber asesinado a su marido Limber Santos.
Durante todo ese tiempo ella había estado allí sin saber el motivo; ni los
jueces ni los fiscales se habían percatado, o no tuvieron la intención de hacerlo, de que Reina
entendía poco y nada de español, ella hablaba en Quechua su lengua materna, la
que había aprendido en el altiplano boliviano.
Asintió con la cabeza ante la
policía y el tribunal, mientras le leían en castellano los cargos que se le
imputaban. Esto fue interpretado por ambos como la confesión del crimen, pero nadie reparó que en la cultura quechua este gesto no quiere decir aceptación sino
que muestra la intención de dialogar.
Eso era lo que buscaba Reina, quien nunca imaginó que terminaría con una
condena de cadena perpetua. Así, para la justicia argentina la víctima se
transformaba en victimario.
Reina llegó al juicio sin poder entender ni ser entendida hasta pasados
los tres años de prisión preventiva, es por ello que en la causa la voz de
Reina casi no aparece. El intérprete llego un año y medio después de su
detención, ante el reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria (CMP) que
en una visita el penal de Los Hornos en 2011 detectaron que Reina no comprendía
el español. Hasta ese momento nadie parecía haberlo notado y Reina permanecía
encerrada sin demasiadas explicaciones.
Desde la CPM afirman que “el Caso Reina Maraz visibiliza la situación
de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra una persona al coincidir en
ella una especie de intersección de causas de desigualdad: es mujer, es pobre,
migrante, indígena, y víctima de situaciones de mucha violencia, lo que la
coloca en una situación particular que debe ser tenida en cuenta por todos los
actores institucionales intervinientes”.
Su codena está basada en el pedido del fiscal, Fernando Celesia, y en
una Cámara Gesell que le realizaron al hijo de mayor de Reina, quien en ese entonces tenía cinco años, la
cual no fue hecha con el debido cuidado, ya que al niño se lo entrevistó como si
fuera un adulto, sin la presencia de un psicólogo y sin un traductor. Con estos
argumentos, la sentencia que se conoció
cerca de las dos de la tarde el pasado 28 de octubre, determinó que Reina
continuará en prisión domiciliaria hasta que exista resolución de Casación a la
apelación que presente la defensa.
Pese a este sin fin de violaciones de los derechos de Reina, las juezas
Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butiérrez la encontraron culpable
del asesinato de su marido y jamás tuvieron en cuenta, a lo largo del proceso
judicial, la violencia física y verbal a la que fueron sometidos Reina Maraz y
sus hijos, por su marido, por la policía y por el mismísimo sistema judicial
que revictimizó una y otra vez a esta mujer, migrante, boliviana y pobre.
La sumisión
Nacida en la comunidad Kichwua, cerca de Sucre, conoció el
desarraigo desde muy joven: primero cuando se casó con Limber a sus 17 años y
debió mudarse con él y su familia, y luego cuando vino a la Argentina, en 2009, con sus dos hijos, obligada por su marido
quien ya había estado viviendo en el país por casi dos años, en los cuales no
se comunicó con Reina ni le envió dinero para los niños. Pese a sus malos
presentimientos no le quedó otra opción que juntar unas ollas y algunas mantas
y salir tras los pasos de su marido. Era eso o quedarse sin sus “guaguas”, que
en ese momento tenían dos y cuatro años.
Sus malos presentimientos tenían algo de verdadero, el nuevo país se mostraba
hostil, Limber se emborrachaba todos los días y la golpeaba; no había plata
para comida porque lo poco que ganaban él se lo gastaba en alcohol y para peor
vivían todos en lo de una hermana de Limber en Villa Soldati. Allí Reina
atravesó una situación de violencia muy fuerte cuando su marido abrió la llave
del gas para matarla y amenazo con prender fuego la casa y así matar a ella y a
los niños. La hermana de Limber, temiendo que Reina intentara volverse a
Bolivia, le retuvo sus documentos y los de sus hijos. Así Reina quedaba a
merced de su marido y la familia de este.
Reina no tomaba decisiones, no manejaba dinero y tampoco tenía permiso
para mandar a sus hijos a la escuela, vivía completamente sometida a su marido,
con quien luego se mudaría a Florencio Varela. Allí trabajaban todo el día en
el horno de ladrillos de “Cacho”: Limber los cortaba y ella los apilaba por
casi nada de plata. Así pasaban las horas varias familias bolivianas que llegaban buscando un mejor pasar, pero los
pocos pesos que cobraban con suerte alcanzaban para la comida de los chicos.
En ese lugar fue donde conocieron a Tito Vilca Ortiz, también de
nacionalidad boliviana y el otro acusado por el asesinato de Limber Santos,
pero que no llegó a juicio oral ya que murió en la Unidad 23 de Florencia Varela
el año pasado a causa de una cirrosis. La fiscalía argumentó que Reina y Tito mataron
en conjunto a Limber Santos, pero nunca tomaron en cuenta el testimonio de
Reina quien confesó haber sido abusada sexualmente por Vilca en dos
oportunidades, con el consentimiento de su marido quien usaba su cuerpo para
saldar las deudas de la bebida y el juego.
Así, la fiscalía la acusaba impunemente de haberse complotado con el
vecino que la había violado.
Limber siempre
había sometido a Reina, de hecho cuando volvió a Bolivia a buscarla, tras su
estadía en Argentina la llevó a un clínica privada en Potosí donde hizo que un
médico la examinara para detectar si en su ausencia ella había mantenido
relaciones sexuales con otros hombres. Esto consistía en una revisación de
tacto en los órganos y análisis de sangre. Los resultados arrojaron que Reina
no había estado con ningún hombre, pese a las acusaciones de la abuela de
Limber, quien decía que Reina engañaba a su marido con su primo Orlando. Tenía solo
19 años cuando fue víctima de esta aberración médica.
La situación terminó en el
Corregidor, que es una especie de líder local que dirime todo tipo de
conflictos y donde se aplicó un proceso
de justicia indígena para aclarar la situación. Allí se labró un acta contando
lo que había pasado y desmintiendo a la abuela de Limber. Pese a los intentos
de la hermana de Reina por contar esto en el juicio, la barrera idiomática se hizo nuevamente
presente junto con la desidia judicial y le impidieron declarar en quechua, por
lo tanto su testimonio queda anulado.
“En el juicio Reina cuenta que en su comunidad no había policía, que hay un corregidor. El tema es que nadie indaga sobre eso. Dentro de este proceso de violencia de género también hay choques culturales y el Poder Judicial no se hace cargo. Los funcionarios no tienen perspectiva de género y mucho menos de culturalidad”, explica Mariana Katz integrante del área de Litigio Estratégico de la CPM.
Culpable
A la cárcel llegó embarazada de
siete meses y parió ahí sola, lejos de sus dos hijos que habían sido enviados
con su familia a Bolivia. Reina no sabe si su última hija, que hoy tiene tres
años, es de Limber o producto de la
violación que sufrió por parte de Vilca, de lo que sí está muy segura es de prohibirle
hablar en quechua, porque tiene miedo que en un futuro no pueda defenderse. La
cuestión simbólica del lenguaje está muy presente en ella.
“Yo quiero decir que esta mujer
habla castellano porque cuando hizo la denuncia con su suegro me dijo del color
que estaba vestido”, expresó en el
juicio el policía que tomó la denuncia a Reina cuando su marido estaba
desaparecido, el 16 de noviembre de 2010. Reina había ido con su suegro, Lino
Santos, a la comisaría de Florencio Varela, y fue este quien denunció la
desaparición de su hijo, ella solo se limitó a decir los colores de la ropa que
llevaba puesta, algo que bajo ninguna circunstancia indica que Reina comprenda
una conversación en español, aunque sí conoce algunas palabras.
Dos semanas antes de la muerte de
Limber habían hecho una comida típica en el horno de “Chacho”, después de allí
él partió con Vilca y se fueron a bailar
a Liniers, el punto de encuentro de la comunidad boliviana. Eso era común en
Limber, salir los sábados de noche y regresar al otro día completamente
alcoholizado. Allí Limber le pidió dinero a Vilca y a cambio le ofreció el cuerpo de Reina. Esa
noche sería la primera vez que Reina sería víctima de Vilca, la otra sería
luego de que este asesine a su marido, quien por cierto confesó el crimen en
una declaración.
Incluso, pocos días antes Limber
y Vilca habían mantenido una fuerte discusión en el horno de ladrillos donde no
escatimaron las trompadas. Después de eso Vilca fue a casa de Reina para
decirle que su marido se había ido al pueblo, pero Limber nunca regresó. En esa
oportunidad Vilca volvió a abusar sexualmente de Reina. La fiscalía no reparó
en los repetidos abusos, sino que cuestionó a Reina por no denunciar estos
hechos a la policía, sin tener en cuenta que
su comunidad no se rige con esto principios; las fuerzas policiales son inexistentes, todo
pasa por las manos del Corregidor.
El cuerpo de Limber fue hallado a
los pocos días dentro del campito donde se encuentra el horno de “Cacho”,
estrangulado con una toalla, algo que dos testigos aseguraron que Reina no
podría haber hecho por lo delgada que era. Argumento que tampoco fue tenido en
cuenta en el juicio. Hoy de la familia
de Limber no se sabe nada, como así tampoco del dueño del horno de
ladrillos, se esfumaron por completo,
¿casualidad? Mientras tanto Reina continúa presa y condenada a cadena perpetua,
víctima de una vulneración constante de sus derechos por ser mujer, migrante,
pobre y boliviana.
Publicada en Isondú noviembre.
Publicada en Isondú noviembre.
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