Masacre de Pando: once demandas, pero no hay juicio ni culpables

El siguiente es un informe especial publicado por el diario La Prensa (http://www.laprensa.com.bo/) de Bolivia, al cumplir algunas semanas atrás, el primer aniversario del asesinato de pobladores en la región de Pando.
Doce meses han pasado sin una acusación formal por parte del Ministerio Público para esclarecer la llamada masacre del municipio de Porvenir; hechos trágicos ocurridos entre el 11 y el 13 de septiembre y protagonizados por cívicos autonomistas y campesinos oficialistas
¿El saldo de los enfrentamientos? Al menos 13 muertes, decenas de heridos, un número no oficial de desaparecidos, 118 refugiados legalmente en Brasil, 11 procesos judiciales en curso, cuatro aprehendidos en la cárcel de San Pedro —entre ellos Leopoldo Fernández, ex prefecto pandino— y más de 100 acusados.
Al año del zafarrancho, el dolor y el exilio se han apoderado de las familias de los caídos del campo y de la ciudad, y de los cívicos que se sienten “perseguidos políticos” por el Gobierno y que han echado raíces en territorio brasileño, en Brasilea. Todos ellos exigen sólo justicia.
A la par, la notificación de nuevas denuncias penales contra el principal acusado, Fernández, no para de llegar a las oficinas de sus abogados. Se supo de la más reciente, que fue recibido por Aurelio Valenzuela Deromedis, presidente del Colegio de Abogados de Pando, y que es interpuesta por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por la violación de derechos humanos y que involucra a más de 100 personas.
Suman 11 demandas instaladas contra el ex Prefecto, las cuales deben pasar por una etapa investigativa para dar curso a juicios orales. Por el momento son sólo eso, demandas, y las de mayor peso tienen relación con la “masacre” de Porvenir, por la vía ordinaria, otra que involucra un juicio de responsabilidades, y otra por daño económico al Estado y al patrimonio público.
Está en lista de espera otra acusación emprendida por la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, que aguarda la venia del Congreso sobre el supuesto manejo de recursos públicos por parte de Fernández para financiar movimientos cívicos pandinos, para bloqueos y paros organizados en la lucha autonómica.
Pero las investigaciones no rinden frutos hasta ahora. La representante legal de las familias de los campesinos y normalistas fallecidos, Mary Carrasco, tiene una respuesta sobre la situación: “La defensa de Leopoldo utilizó recusaciones para hacer pasar el tiempo sin sentencia”.
Valenzuela niega la afirmación de su colega y señala que el caso está dilatado con el fin de prolongar la detención preventiva de Fernández en el penal de San Pedro, desde el 19 de septiembre de 2008. Hecho que no ha evitado que éste se presente como candidato vicepresidencial de Manfred Reyes Villa para las elecciones de diciembre.
Terrorismo, asesinato y asociación delictuosa son los delitos más graves contra Fernández en la demanda más importante, la que tiene que ver con la “masacre” de Porvenir, aún sin acusación formal de la Fiscalía.
Lo confirma Karlo Britto, uno de los abogados defensores de la ex autoridad y de otros 76 implicados: “El proceso se halla en etapa preparatoria, en investigación, ni siquiera hay una acusación formal” por, según el jurisconsulto, la carencia de pruebas de las imputaciones.
La objeción de la defensa de la ex autoridad a los cuatro jueces que conocieron de la causa fue una razón de este retraso. Hoy la definición de esta controversia se halla en el limbo.
La última recusación alcanzó a la juez séptima en lo Penal, Betty Yañíquez, quien determinó el traslado de los expedientes a Pando tras un hábeas corpus ganado por Fernández. Pero los cuadernos retornaron a La Paz con un amparo constitucional ganado por los acusadores; y al no haber un juez titular, la causa no trasciende la fase inicial.
Sandra Almanza, abogada de Fernández, denuncia que la Fiscalía no acusó formalmente a su defendido al cumplirse los seis meses de la etapa investigativa, tiempo fatal establecido por la ley procedimental. Pero Williams Dávila, juez recusado que envió a Fernández a la cárcel, explica que ese lapso se cuenta desde la acusación “con indicios evidentes de delito”.
Si tras 18 meses de la detención del ex prefecto no hay sentencia, éste puede salir de San Pedro. Carrasco sospecha que ése es el plan de las “chicanas” de la defensa. Pero esa nebulosa podría disolverse hoy, porque el expediente de la “masacre” volvería a manos de Yañíquez.
Es una posibilidad, lo único cierto es que a los 12 meses de lo ocurrido en Porvenir, no hay juicios ni culpables por la violencia.

Naciones unidas teme posible impunidad
La oficina en Bolivia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó ayer, según la agencia Efe, a que la “masacre” de campesinos ocurrida hace un año en la región amazónica de Pando (norte) no sea olvidada ni quede en la impunidad. La institución recordó en un comunicado que su informe sobre los hechos del 11 de septiembre de 2008 concluyó que la matanza de campesinos en esa región fue “una grave violación de los derechos humanos” presuntamente cometida por los opositores autonomistas que controlaban la Prefectura de Pando.
Las Naciones Unidas también subrayaron que la investigación penal de lo ocurrido “ha vuelto a poner en evidencia la profunda crisis” que atraviesa la justicia boliviana, “afectada por problemas estructurales y coyunturales de fondo”. “En particular, resulta inquietante que, a la fecha, los imputados no conozcan aún su acusación, de ser el caso, a fin de poder preparar adecuadamente su defensa, garantizándose el respeto a los principios de legalidad”.
En ese marco, la institución que depende de la Organización de Naciones Unidas (ONU) abogó por que la investigación “desemboque prontamente en un juicio justo, en el marco del respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso”. Agregó que es necesario investigar si las acciones de los funcionarios “encargados de hacer cumplir la ley” hace un año “fueron las más adecuadas para evitar la escalada de la violencia”.
El Órgano Ejecutivo culpó de lo ocurrido al entonces prefecto de esa región, Leopoldo Fernández, quien está recluido desde el 19 de septiembre de 2008 en la cárcel de San Pedro de La Paz a la espera de juicio por su supuesta vinculación con los hechos. Fernández sorprendió la semana pasada con su postulación a la Vicepresidencia por una fórmula opositora que encabeza el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa.