Cuatro vecinas de Alpuyeca, en el Estado mexicano de Morelos, han puesto en jaque al todopoderoso sistema de México, al que acusan de no garantizarles el derecho humano al agua.
La entrada hasta la comunidad Ampliación Tres de Mayo es complicada. El coche sortea con precaución los últimos baches de un camino sin asfaltar, que serpentea entre árboles y arbustos hasta la casa de Lidia. La majestuosidad del paisaje contrasta con la humilde vivienda, construida a base de bloques de cemento y cubierta en la parte superior con placas de uralita. Un apretón de manos y una mirada son suficientes para romper el hielo. De paredes desnudas y luz cobarde, el interior es parco pero acogedor. Llegan Gloria, Carlota y Marta.
“Son muchos los sacrificios por el agua. Tenemos que recoger agua hasta de los charcos. También aprovechamos la que se almacena en la carretilla o en las llantas que hay tiradas. Es agua que reciclamos para el baño, para regar las plantas y para dar una barrida”, explica Lidia. Más de 20 millones de personas carecen de acceso a servicios de drenaje y tres millones no tienen agua potable en México, según los últimos datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). “La carencia afecta a grandes sectores de la población, pero de manera especial a los pobres, aumentando su vulnerabilidad. La recuperación es difícil porque no tienen recursos ni redes adecuadas, y las políticas públicas priorizan la inversión en las zonas más desarrolladas”, analiza la investigadora de la Universidad Iberoamericana Gloria Soto.
Una semana sin agua sería una pesadilla para cualquier ciudadano europeo. Lidia lleva 11 años viviendo en Ampliación Tres de Mayo. Carlota, 40. Abrir la llave (como llaman popularmente en México al grifo) y que salga agua es desde entonces y todavía hoy un imposible para ambas. La juventud la pasaron acarreando agua del río, “pero ahora ya sólo bajamos muy de vez en cuando a lavar la ropa porque no va limpio. El agua baja prácticamente amarilla y corremos riesgo de contraer enfermedades en la piel”, cuenta Gloria, que echa la culpa a los vecinos que ya tienen servicio, “que entonces no se preocupan y desaguan directamente. Los del municipio no nos hacen caso y hemos pensado en hacer una campaña nosotras mismas, pero luego piensan que, si por ejemplo recogemos las botellas del río, lo hacemos por negocio”.
Hartas de la situación, buscaron información hasta que dieron con un grupo de seis abogados que, coordinados por la responsable de Asuntos Jurídicos de la red HIC en América Latina (Habitat International Coalition), Silvia Emanuelli, se interesaron por el caso. Lo primero que hicieron los juristas fue una valoración sobre los conflictos de agua en el Estado de Morelos, centrándose en cuatro casos que consideraban emblemáticos: Xoxocotla, Atlacholoaya, Loma de Mejía y Alpuyeca. “Hicimos diagnósticos para ver por dónde nos podíamos meter en un litigio relativo al agua como derecho humano. Probar la sobreexplotación provocada por las miles de unidades habitacionales que se están construyendo en el estado y que quitan el agua a las poblaciones originarias es complicadísimo a la hora de demostrar quién está sacando agua, de dónde, y a dónde; exigiría pruebas hidrológicas muy caras. Otro grave obstáculo es que, para intentar determinar cuántos litros requiere una comunidad, primero hay que saber qué población tiene, pero las cifras oficiales son anticuadas y contradictorias. La contaminación presenta los mismos problemas: es multifactorial, lo que nos iba a imposibilitar demostrar que se producía por el crecimiento de las unidades habitacionales”, adelanta Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y uno de los abogados reunidos por HIC-AL.
A partir del diálogo con las comunidades, los abogados decidieron encaminar el litigio centrándose en las personas que no tienen agua. El objetivo es doble: revertir la situación y buscar un precedente jurídico, logrando que un tribunal reconozca que el derecho humano al agua es un derecho fundamental. Gutiérrez desmenuza qué implica esta segunda posibilidad: “Significa que los órganos encargados de interpretar las leyes afirmen explícitamente que el agua es un derecho humano. El próximo juez que tenga que resolver un caso parecido tendrá ya un ejemplo en el que basar su sentencia, con lo que se va generando un efecto cascada muy importante”.
El agua como derecho humano
La entrada hasta el conjunto de normas jurídicas e instituciones creadas en México para regular y gestionar el agua también es complicada. Los abogados sortean con precaución los últimos baches de un entramado confuso de disposiciones y facultades, que serpentea entre falta de información, tecnicismos jurídicos, omisiones de la autoridad y notarios, hasta la resolución final.
El derecho humano al agua es una lucha relativamente joven como derecho fundamental, pues no ha comenzado a discutirse hasta finales del siglo XX, incorporándose de manera puntual en algunas Constituciones como la uruguaya. No sucede en España y no sucede en México. Como indica Gutiérrez, “hay muy pocos precedentes jurídicos en el mundo y nosotros estamos en ese esfuerzo, tratando de que sea la primera vez en México”.
El Artículo 27 de la Constitución mexicana, la norma de mayor rango jerárquico, establece que el régimen de propiedad del agua “corresponde originariamente a la nación”, que puede ceder su dominio “a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Hecha la norma, ¿a qué autoridades corresponde regular la explotación, el uso y el aprovechamiento, así como la preservación de la cantidad y calidad del agua? Existe un modelo centralista que concentra la mayoría de las decisiones en materia hídrica en manos del Ejecutivo federal. Pero a partir de la reforma de 1983, es obligación de los municipios prestar el servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales.
“Los probables motivos que estuvieron detrás de esta reforma constitucional parecen haber obedecido, en mayor medida, a la intención del Gobierno federal de ceder responsabilidades costosas a otras esferas de gobierno, en un contexto de crisis económica y fuerte endeudamiento. El conflicto que se vive hoy en los municipios, productos de esta modificación, es que se les transfirió la responsabilidad de prestar los servicios pero no los recursos suficientes para poder hacerse cargo de ellos”, se lee en el estudio ‘El agua en México: cauces y encauces’. Es una de las razones por las que se esgrimen para constitucionalizar el derecho humano al agua, pues esto responsabilizaría al Estado de la distribución equitativa y justa del recurso.
Tan complicado es el camino jurídico que cada uno de los cuatro juicios –el de Lidia, el de Carlota, el de Marta y el de Gloria- va por rutas distintas, en momentos distintos y con expectativas y dictámenes distintos, pues la lucha por los derechos es individual. Llegados a este punto, Carlota tiene claro que no entiende nada: “No hay manera de saber lo que pasa. La información no fluye. Un día nos dicen una cosa y otro, otra. No hay claridad. Todavía no sabemos quién es la entidad responsable. Supuestamente estábamos luchando contra SAPASXO [Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xochitepec –municipio al que pertenece Alpuyeca-] pero ahora resulta que es otra autoridad. No entiendo por qué las leyes no aclaran cuáles son las facultades de cada una. La desinformación es absoluta, y parece que el Derecho va por un lado y las autoridades, por otro”.
El litigio, que avanza por vía jurisdiccional en tribunales federales y por vía de la Comisión de Derechos Humanos, ha pillado por sorpresa a las autoridades, que nunca antes se habían enfrentado a una situación similar. “Nosotros fuimos con todo, mientras que ellos no son expertos en derecho ni tienen abogados. Están perdidos. Tienen miedo y les gustaría quitarse el tema de encima. Les hemos puesto enfrente la pesada autoridad de un juez federal, cuya sentencia es vinculante y les va a ridiculizar, visibilizándoles como violadores de derechos. Les hemos colocando en una situación fea”, relata esperanzado el abogado.
El éxito o el fracaso de su lucha quedará reflejado en las estadísticas oficiales de Naciones Unidas, que en su Declaración del Milenio propuso “reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y a saneamiento básico”, situadas ahora en los 900 y 2.600 millones, respectivamente. Lejos de esa reducción, el acceso universal al agua potable como derecho humano no tiene fecha de rúbrica.
Presiones políticas y un campo de golf cercano
Expertos como Arsenio González, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC-UNAM), coinciden en que la población que no tiene acceso al agua no la ve como un derecho sino como un don, algo que el político les brinda, un favor. A cambio, claro, de que voten por sus colores. “Las autoridades sólo se preocupan cuando es época de votos. Han venido muchas veces a presionarnos para que dejáramos la ayuda de los licenciados, a preguntarnos cuánto les pagábamos para después decirnos que era imposible que fuera gratis”, cuenta Marta.
Morelos es uno de los estados con menor índice de disponibilidad media per cápita de agua, por debajo de la media nacional (
A Lidia no le hace falta que ningún cartel se lo recuerde porque a escasos metros de su casa se ha construido el fraccionamiento de Santa Fe, un complejo residencial que no escatima en zonas verdes, incluyendo un campo de golf. Y es que, México dedica 6,5 millones de hectáreas a la infraestructura de riego, situándose como uno de los países punteros en este sentido, según las estadísticas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). “Siguen teniendo agua los mismos. El problema ha empeorado en los últimos años, lo que va generando mayores consecuencias. No son cuestiones técnicas sino también de distribución. La gente que nunca ha tenido agua ya está acostumbrada. Y así de cruel como se escucha es como lo ven los políticos. Vivimos en una situación de crisis evidente”, añade Claudia Campero, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el derecho del Agua (COMDA).
El último movimiento de las autoridades para contrarrestar el litigio de Lidia, Carlota, Marta y Gloria ha sido instalar una tubería que las primeras lluvias poco tardaron en dejaron al descubierto, obligando a la veintena de vecinos de la Ampliación Tres de Mayo a sellarla con cemento. “Mucha tubería pero seguimos sin agua. Y ahora empieza la época húmeda”, se lamenta Lidia.
“No pudieron contestarnos con argumentos y el litigio ha obligado a las autoridades a meter la red. Intentan salvar la situación con la tubería pero no hay agua, por lo que pensamos que es una estrategia del Gobierno para callarnos la boca. Además, con nuestros peritajes estamos demostrando que es de pésima calidad, por lo que no garantiza el acceso ni la disponibilidad, que es de lo que se trata”, argumenta Rodrigo Gutiérrez, consciente de que la jugada puede servir a la autoridad para, al menos, salvarse de la quema jurídica. “Podría ocurrirnos que tengan agua y perdamos la sentencia. Sería ganar una batalla pero no la guerra, porque no lograríamos posicionar en el ámbito federal el reconocimiento del agua como derecho humano. Puede que no ganemos pero ya estamos muy sorprendidos con los avances, porque por lo general los jueces desechan las demandas de derechos sociales. Llegar a la fase probatoria es ya un éxito”, completa Gutiérrez.
Los celos y temores que ha levantado la tubería son fundados, pues las estadísticas que maneja la investigadora Gloria Soto hablan de que seis de cada diez hogares con servicio de agua potable tienen problemas de interrupción. Es decir, el hecho de que exista una toma en el hogar no garantiza el suministro, algo frecuente en los hogares menos pudientes.
Lidia despide a los invitados con un café, hecho por cierto con agua embotellada. “Nuestra vida cambiaría muchísimo con que tuviéramos agua al menos una vez a la semana. Así podríamos llenar las cubetas. Y con los niños sería un alivio, porque es muy duro tener hijos y no tener agua. Sería además un ahorro económico, porque ya no compraríamos agua”. De regreso al Distrito Federal, los abogados se acercan a la notaría para recoger unos documentos que tenían apalabrados días antes. Además de 6.000 pesos (360 euros), la firma les cuesta tres horas de espera. Lidia, Carlota, Marta y Gloria aguantan cinco minutos. Y luego otros cinco. Y cinco minutos más.
De Periodismo Humano (www.periodismohumano.com)
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