(Por Luis Manuel Arce Isaac*) Cuando el proyecto 349 fue aprobado casi furtivamente por la Comisión del Gobierno de la Asamblea Nacional panmeña entre sombras de media noche y cantos de gallo y enviada al pleno, en el Hospital Santo Tomás sonaron alarmas.
La propuesta, de título sospechoso, "Régimen de Asociación Público-Privada", levantó suspicacias entre galenos asalariados que la interpretaron como un paso vital para la privatización de todos los bienes públicos, hasta los cementerios, pasando por la salud y la educación.
Esa inquietud entre los médicos, quienes organizaron un paro de labores contra el proyecto, también hizo sonar alarmas en el gobierno que, con sorprendente agilidad, proclamó de inmediato que esos dos sectores quedaban excluidos de la 349 aún cuando no se aclara explícitamente, sino como una generalidad.
Los galenos ripostaron que con esa apresurada aclaración el gobierno aceptaba de hecho el contenido privatizador del instrumento aprobado en primera discusión, denunciaron que el sector sería devorado empezando por las especialidades y ellos quedarían a merced de los dueños del negocio.
El propio ministro de Salud, Franklin Vergara, terció en el problema al catalogar de ilegal el paro debido a que el sistema no estaba incluido en el proyecto.
Ni Vergara, ni su colega Frank de Lima desde el Ministerio de Economía y Finazas, lograron despejar dudas de los galenos del Santo Tomás quienes, más rápido que lo imaginado, empezaron a recibir en avalancha muestras de solidaridad con la extensión de la huelga.
Aunque hay gremios que están solicitando la eliminación total del proyecto, la demanda inicial que aún se mantiene es que la Asamblea regrese la propuesta de nuevo a primer debate, es decir, que el pleno la devuelva a la comisión, y se inicie un período de consultas entre todos los interesados.
Esa demanda es desoída por el presidente de la Asamblea, el oficialista Héctor Aparicio, quien aseguró que la propuesta se mantendría en segundo debate a pesar de la generalización de la protesta médica. La discusión fue momentáneamente suspendida sin abordar la exclusión de la salud.
Ante esa maniobra los médicos dijeron sentirse burlados, y el ministro Vergara acusó al espontáneo movimiento de tener aspiraciones políticas por mantener un "paro injustificado".
La dirigente gremial del Santo Tomás Julissa Rodríguez expresó sentirse frustrada y explicó que el gremio no actuaba como médicos sino panameños, porque la ley de privatización afectará a todo el sector público.
El dirigente médico Fernando Cebamanos, aseguró que hasta la Autoridad del Canal de Panamá se verá afectada con este proyecto de ley y alegó que a pesar de que se les prometió bajar a primer debate no se ha cumplido y por tanto no levantarán el paro que aumenta por día.
De agencia Prensa Latina
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