(Por Marcela
Valente*) La jueza federal argentina María Servini de Cubría abrió este mes una
investigación a raíz de la querella presentada en abril de 2010 por
abogados humanitarios de Argentina en nombre de familiares de víctimas del
régimen franquista. La magistrada reclamó a España nombres de militares
involucrados en aquella dictadura (1939-1975), listas de desaparecidos, de
fusilados y de niños apropiados, así como la identificación de empresas
supuestamente beneficiadas por el trabajo forzado de detenidos, entre otras
medidas de prueba. La jueza había archivado inicialmente la denuncia por
considerar que había investigaciones abiertas en España. Pero la Cámara
Federal, un tribunal penal de segunda instancia, le ordenó indagar “si
efectivamente” la justicia de ese país europeo estaba actuando. Así, la
denuncia volvió a manos de Servini que, en ejercicio del principio de la
jurisdicción universal, liberó este mes el exhortosolicitando gran cantidad de
material probatorio, como el domicilio de agentes del régimen que aún viven y
certificados de defunción de los que fallecieron. Para reforzar el pedido, los
abogados querellantes presentaron a Servini un nuevo documento en el que
subrayan que, luego de 36 años de dictadura y otros tantos de democracia en
España, “no sólo no existe ni siquiera una Comisión de la Verdad, sino que
no hay un solo niño al que se le haya restituido su identidad”.
“La causa fue
iniciada en Argentina porque todo evidenciaba que ni con un gobierno socialista
había voluntad de que prosperara allí”, explica uno de los letrados argentinos,
Beinusz Szmukler, en referencia a la última administración del Partido
Socialista Obrero Español, que se extendió desde 2004 hasta el 21 de este mes.
Como señal de ausencia de esa voluntad, el abogado recordó el proceso que se
sigue en España al juez de la Audiencia Nacional de ese país, Baltasar Garzón,
suspendido desde mayo de 2010 y acusado de prevaricación por haber abierto una
investigación judicial sobre crímenes cometidos durante la guerra civil
(1936-1939) y el posterior régimen de Franco. Garzón había aplicado el
principio de jurisdicción universal para entender en delitos cometidos por la
dictadura de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990) cuando distintas
normas nacionales impedían esos juicios en los dos países sudamericanos. Pero
cuando Garzón intentó indagar en crímenes de su país, extinguidos por una amnistía
adoptada en 1977, “fue desplazado y ahora corre el riesgo de perder su
condición de juez”, recordó Szmukler.
A raíz de ese
desplazamiento, la española Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica y una decena de
organizaciones de derechos humanos de Argentina respaldaron la querella en
Buenos Aires de familiares de víctimas del franquismo. Con base en muchos de
los argumentos de Garzón, los abogados presentaron el pedido de investigación
ante tribunales argentinos a nombre de seis descendientes de víctimas que viven
en este país. El grupo de querellantes se ampliará en los próximos meses, ya
que se están presentando nuevos casos de familiares, dijo Szmukler.
Uno de los
demandantes es Darío Rivas, de 91 años, quien denunció el asesinato
de su padre, Severino Rivas, supuestamente cometido en 1936 por miembros de la
ultraderechista Falange Española. Severino Rivas era alcalde de la localidad
gallega de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, noroeste de España, cuando
fue apresado y fusilado. Permaneció como desaparecido durante décadas hasta
que, a instancias de su hijo, sus restos fueron hallados en una fosa común.
Darío los recuperó en 2005.
“El señor
Severino Rivas y los familiares de (otra querellante) Inés García Holgado
fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange
Española, que denominaba ‘paseos’ a los fusilamientos por la espalda”, dice la
denuncia. Holgado es sobrina nieta de Elías García Holgado, alcalde del poblado
de Lumbrales y diputado de la occidental provincia de Salamanca. También
detenido en 1936, murió ejecutado un año después de su arresto.
Estas
circunstancias “son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas
en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y
planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa
de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos
exponentes”, sostiene la querella.
En su
presentación, los juristas recordaron que los tribunales españoles ejercieron
activamente la jurisdicción universal en casos de crímenes de lesa humanidad
cometidos en Argentina, Chile y Guatemala.
El objetivo no
es cuestionar la vigencia de la ley de amnistía española, ratificada
recientemente ante un intento de derogarla, sino ejercer la jurisdicción
argentina respecto de crímenes “que ofenden y lesionan a la humanidad y que
permanecen impunes”, remarcaron los abogados.
Organizaciones
de derechos humanos estiman en 113.000 la cantidad de personas
desaparecidas en la guerra civil y el régimen de Franco, muchas supuestamente
enterradas en unas 2.500 fosas comunes. Pero habría además unos 30.000
casos de menores supuestamente sustraídos de sus familias y apropiados
ilegalmente. Esas personas habrían sufrido la ocultación de su identidad y
permanecen sin conocer su historia familiar y personal, sin que haya causa
abierta por esos delitos en España, señalan activistas.
En solidaridad
con estos casos, se sumó como querellante la organización Abuelas de Plaza
de Mayo, dedicada a la busca de hijos de desaparecidos argentinos que
sufrieron secuestro y pérdida de identidad a manos de agentes de la dictadura
de este país.
Por eso Szmukler
y demás abogados sostienen que la demanda “no se conforma” con una declaración
de reconocimiento del genocidio y de compromiso de indagar en la verdad de los
hechos.
Ese antecedente
existe en Argentina, donde descendientes de armenios muertos en una operación
ejecutada por el Estado turco entre 1915 y 1923, lograron que la justicia de
este país sudamericano reconociera ese genocidio en una sentencia sin
carácter punitivo, emitida en abril.
“En el caso de España, cuando presentamos la querella había al menos 13
militares vivos, y además están los casos de 30.000 personas que desconocen su
verdadera identidad”, dijo el abogado. “Queremos una investigación a fondo, que
se determine la verdad y se establezcan las responsabilidades. Si no lo hace
España, lo haremos acá. Ojalá que haya colaboración”, agregó.
*Foto de Javier
Bauluz, hecha en Gijón, España. Nota publicada en Periodismo Humano
(www.periodismohumano.com)
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