El juicio que se
iniciará próximamente contra el juez español Baltasar Garzón por haber
investigado crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo atenta
contra el concepto mismo de justicia tanto dentro como fuera de España, señaló
hoy Human Rights Watch.
La imputación de Garzón en una segunda causa que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos.
La imputación de Garzón en una segunda causa que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos.
“Resulta
paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los
mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”,
manifestó Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. “Al cabo
de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien
en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no
es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.
El juicio de
Garzón en el caso de “memoria histórica” está programado para el 24 de enero de
2012. Se le acusa del presunto delito de prevaricación –dictar a sabiendas
resoluciones injustas- por intentar llevar a cabo una investigación efectiva de
crímenes de detención ilegal y desaparición forzada ocurridos durante la Guerra
Civil española y la dictadura del general Franco, a pesar de que en 1977 España
aprobó una ley de amnistía para “actos de intencionalidad política”.
La decisión de
Garzón de no aplicar la ley española de amnistía encuentra sustento en el
derecho internacional, que establece la obligación de los estados de investigar
los delitos internacionales más graves y considera las desapariciones como un
delito de carácter permanente mientras no se de razón del paradero de las
víctimas. De hecho, la reacción en cadena provocada por el histórico
pronunciamiento que Garzón dictó en 1998 contra el Gral. Augusto Pinochet de
Chile por el asesinato y la tortura de miles de personas dio lugar a la
derogación de las leyes de amnistía en numerosos países en todo el mundo.
El el caso de
las “escuchas Gürtel”, cuya vista se ha señalado para el 17 de enero, Garzón ha
sido acusado de prevaricación y violación de garantías constitucionales. Esta
causa se relaciona con la intervención de las comunicaciones efectuadas por
personas detenidas en el contexto de un escándalo sobre una extensa trama de
corrupción relacionada con el Partido Popular, actualmente en el gobierno”.
Garzón ordenó
una serie de escuchas telefónicas de conversaciones que mantuvieron los
presuntos cabecillas de esta red con sus abogados mientras estaban en prisión,
ante la sospecha de que los abogados pudieran estar involucrados en las
actividades ilícitas . Al menos, uno de los abogados está imputado en la
causa por blanqueó de dinero. No obstante, las grabaciones afectaron
conversaciones con otros abogados que no estaban involucrados en el blanqueo de
los fondos.
En los dos
procesos contra Garzón, la fiscalía ha pedido que se archivara la causa penal
ya que, según señaló, los hechos no serían constitutivos de delito. No
obstante, las causas han prosperado como acciones particulares y fueron
sustanciados por el Tribunal Supremo, que tiene facultades para juzgar a jueces
en ejercicio. En la causa sobre la investigación de los crímenes del
franquismo, los querellantes son dos organizaciones de significado carácter
franquista. En la causa “Gürtel”, los querellantes son los abogados y los
detenidos cuyas conversaciones fueron intervenidas, incluso imputados en el
caso de corrupción.
Garzón fue
suspendido de sus funciones hasta el pronunciamiento definitivo en 2010 tras la
apertura de juicio oral en el caso de los crímenes del franquismo.
La querella
contra Garzón por el caso “Gürtel” fue admitida a trámite por el Tribunal
Supremo en febrero de 2010, nueve meses después de la admisión de la causa de
la “memoria histórica”, en mayo de 2009. Además de otros actores consultados,
un ex miembro del Tribunal Supremo recién jubilado señaló a Human Rights Watch
que creía que los enemigos de Garzón en el poder judicial habían adelantado la
causa “Gürtel” para que el proceso contra el juez por la investigación de los
crímenes del franquismo, claramente más controvertido, tuviera menor difusión
pública y permaneciera a la sombra de esta otra causa. El País señaló
que la causa sobre el período franquista quedó “curiosamente paralizada”
en el tiempo, en alusión a las demoras en el señalamiento del juicio.
Human Rights
Watch no ha adoptado una posición respecto de la legalidad de las grabaciones o
de si estas pueden considerarse procedentes. Sin embargo, acudir a la
interposición de una querella penal, cuando existen otras vías posibles,
constituye una medida a primera vista injustificada. El enjuiciamiento de
jueces por el delito de prevaricación es un hecho prácticamente sin precedentes
en España, manifestó Human Rights Watch.
Los Relatores
Especiales de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y
Abogados han señalado que los jueces no deberían ser juzgados por sus
pronunciamientos a menos que se configuren circunstancias absolutamente
excepcionales, y que “con el fin de proteger a los jueces de acciones
judiciales injustificadas… [es] esencial que también se [les] conceda… cierto
grado de inmunidad penal”. Estos expertos de la ONUhan concluido que “la
comisión de errores judiciales, la revocación en apelación o la revisión por
una instancia judicial superior de una decisión adoptada por un juez no debe
ser motivo para su separación del cargo”.
“A menos que
existan circunstancias claras y suficientemente convincentes, procesar a un
juez por su actuación judicial atenta contra la independencia judicial”, señaló
Brody. “Son muchos los gobernantes antidemocráticos que no dejarían pasar la
oportunidad de aplicar sanciones penales para silenciar a jueces cuya labor se
opone a intereses creados”.
Además del caso
de Pinochet, Garzón se ha declarado competente en casos de abusos cometidos en
numerosos países. El ex oficial de la Armada argentina Adolfo Scilingo,
imputado por Garzón por el asesinato de presos políticos durante la dictadura
militar de ese país, cumple actualmente una condena de 30 años de prisión en
España. El pedido presentado por Garzón a México permitió la extradición de
Ricardo Miguel Cavallo, otro ex militar argentino. Cavallo fue extraditado a
España en 2003 y posteriormente fue enviado a Argentina para ser juzgado por la
justicia de ese país.
Más
recientemente, en abril de 2009, Garzón admitió a trámite una demanda
interpuesta por particulares e inició una investigación penal sobre presuntos
abusos sufridos por cuatro detenidos en Guantánamo que tenían vínculos con
España. Varios cables diplomáticos divulgados por Wikileaks revelan que en
varias oportunidades funcionarios estadounidenses habrían intentado de manera
privada presionar a fiscales y funcionarios públicos españoles para evitar que
prosperaran las investigaciones y lograr que la causa no fuera asignada a
Garzón, considerado por el embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre
(h), como “antiamericano”.
De Human
Rights Watch. Publicado y difundido en Periodismo Humano (www.periodismohumano.org)
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