(Por Federico Sequeira) Nunca se investigó la denuncia de que en donde hoy funciona la sucursal Carrefour de Quilmes Oeste (avenida La Plata y avenida 12 de Octubre) funcionaba un centro de torturas y asesinato de la dictadura. Ni tampoco que en 1992 se habrían encontrado allí unos quince cadáveres sepultados.
Es un lugar común eso de “sepultar el pasado”, pero hay ocasiones en que es imposible negar que no hay definición más práctica. Y uno de esos casos es el de la ex Crisoldinie, o el actual Carrefour de Quilmes Oeste.
Hay quienes cuestionan el revisionismo en los medios de prensa, pero la Justicia nunca debe dejar de buscarse. Y por eso, es importante volver dieciséis años en el tiempo, al año 1992, y más específicamente a los meses de abril y junio.
Por entonces, se ponían en marcha los trabajos de demolición de las abandonadas estructuras edilicias de la ex empresa Crisoldinie, un gigante que había estado “dormido” desde mucho tiempo antes.
En medio de las implosiones que tenía a su cargo la firma brasileña Blast Com SA y que supervisaba el ingeniero Jorge Del Vecchio, sucedieron varios imprevistos, y no sólo fue que parte de las voladuras de escombros hirieran a un policía.
También corrió como un reguero de pólvora la versión de que en excavaciones realizadas durante los trabajos de la firma brasileña, se habrían hallado al menos una quincena de cadáveres.
Versiones
Quilmes está saturado de versiones acerca de lugares donde la última dictadura militar habría tenido diferentes bases operativas (centros de detención, de tortura, de eliminación de detenidos, de quema de cadáveres, o de ocultamiento de cuerpos).
Algunas pudieron comprobarse andados los años, otras nunca fueron del todo confirmadas. Y los testimonios de los sobrevivientes no llegaron en muchas ocasiones lo suficientemente a tiempo como para rescatar la historia reciente y devolver la verdad y justicia a todos los argentinos.
Uno de esos ejemplos es el de Roberto Corrales, quien sería, hasta donde se sabe y se han colectado testimonios, el único sobreviviente de quienes pasaron por la ex Crisoldinie.
Su testimonio, varios años después de la construcción de Carrefour Quilmes, vendría a confirmar lo que hace dieciséis años podría haberse comprobado, y la Justicia dejó pasar.
Pero los datos no surgieron en el año 1992, tampoco, porque la posible existencia de un centro de torturas, fusilamiento y entierro de cadáveres ya se conocía desde los primeros años de la democracia, cuando la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas había tomado testimonios de familias, sobrevivientes y testigos del mayor genocidio argentino de la historia reciente.
El dato
Alrededor de mediados de mayo de 1992 se conoció la versión de que a tres metros de profundidad, en túneles ubicados en la ex Crisolinie, se habían encontrado por lo menos quince cadáveres, que pertenecerían a ex detenidos-desaparecidos.
Claro que el hallazgo había sido varias semanas antes. Y cuando se intentó consultar con el ingeniero responsable de los trabajos de demolición, este negó rotundamente el dato, de la misma manera que lo hizo la policía.
Quien tomó intervención en el tema fue la juez Margarita Allaza de Iturburu, quien ordenó que se precintara el lugar de los presuntos hallazgos, y se paralizaran las obras, un día jueves (21 de mayo).
Sin embargo, la medida fue (demasiado) rápidamente levantada (el lunes 26 de mayo), y los trabajos de demolición continuaron. Previamente, el viernes 22, la funcionaria judicial había citado al director de un diario quilmeño que se ocupó del tema, y a representantes de la empresa Carrefour y de la encargada de las demoliciones.
Iturburu, titular entonces del Juzgado Correccional Nº 2, había decido que el pedido para que las obras se paralizaran, efectuado por concejales de los diferentes bloques, no incluía suficientes pruebas.
El lunes 26 de mayo notificó a Carrefour que podían seguir las tareas de demolición, y tres días más tarde quedaba sepultada cualquier posibilidad de conocer la verdad.
¿Qué dijo Iturburu?
La jueza correccional realizó una inspección en el lugar donde se hallaban, presuntamente, los restos humanos, pero al término de la recorrida dijo que “hablamos de un lugar de 70 mil metros cuadrados, y donde los trabajos avanzados como están y la remoción de tierras hacen imposible establecer elementos contundentes”.
Uno de los tres peritos antropólogos llegados desde Avellaneda y que recorrió el lugar junto a la jueza, coincidió con Iturburu en que el movimiento de tierras y el avance de las obras dificultaban la búsqueda. Y aseguró que “no vimos restos” humanos, como los que se suponía había.
Concejales de cuatro partidos representados en el Deliberante habían mostrado su preocupación por el tema de la ex Crisoldinie. Por un lado, María del Carmen Alburúa, integrante del bloque del PJ, y por el otro, dos referentes de la oposición (el intendente por entonces era el actual Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández), hicieron una presentación conjunta.
Estos tres concejales eran Fernando Geronés, de la UCR, Héctor Díaz, del Partido Intransigente, y María del Carmen Alburúa, PJ. La denuncia la hicieron luego de intentar hablar con el responsable de la empresa encargada de la demolición, y que este se mostrara contrariado, urgido, y no permitiera la realización de una recorrida por parte de los ediles.
Geronés había dicho, además, que “la juez está informada de las declaraciones de los vecinos sobre los movimientos registrados en la época de la dictadura”.
Díaz y Alburúa se lamentaron, por su parte, de que no se hubieran conseguido las pruebas necesarias para que se pudiera avanzar con las excavaciones.
Un enigma más
De esa manera, el tema quedó finalmente sepultado, como tantos otros.
Si las excavaciones hubieran sido ordenadas entonces, quizá hoy podría conocerse el destino de numerosos detenidos-desaparecidos de los que aún no se sabe el destino final.
Sin embargo, el interrogante persistirá. Y parece que otra vez hubieran triunfado los intereses económicos por sobre la verdad histórica que nos debemos.
Publicado en 2008, en el semanario La Voz, Quilmes, Argentina.
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