(Por F. S.) En las últimas semanas se viene llevando al extremo de lo disparatado la disputa por los roles desempeñaos por distintos actores en tiempos de la última dictadura militar en Argentina.
Pero esta disputa se circunscribe, en realidad, a un debate mucho más chico: la pulseada por la información entre algunas corporaciones de medios y el Gobierno Nacional.
Desde una y otra trinchera, desde hace tiempo vienen arrojándose con todo tipo de municiones verbales, que nunca habían superado el rango de “chicanas”.
Cualquier incursión en el plano judicial, rápidamente encontraba una suerte de “vía de descompresión” a través de los propios vericuetos de la Justicia. Y claro está, todo quedaba reducido al “estallido inicial” de la noticia, y nunca se le hacía el seguimiento para ver en qué desembocaba.
Sin embargo, el problema está en que para este conflicto, el dicho popular “perro que ladra no muerde”, puede devenir en “los que ladran y los que muerden”.
Y es que mientras a nivel gubernamental la “guerra” se limitaba ala artillería verbal, en el ámbito de las organizaciones e individuos satélites del Gobierno (con o sin orden expresa, eso es imposible saberlo), comenzaron a tomar iniciativas propias, y de mucho mayor acción directa que las palabras.
Así, a las acusaciones de participación, o al menos de omisión durante la última dictadura contra muchos periodistas, se sumaron agresiones directas (como las de la Feria Internacional del Libro) contra quienes piensan distinto.
La intolerancia verbal de los que juegan a la política, la toman los que parecen no estar tan a al altura de las circunstancias, para convertirla en acción violenta.
Por eso, en la jornada de este jueves 29 de abril, está previsto realizar una suerte de “juicio público”, simbólico (o eso se supone, al menos) a una buena cantidad de periodistas.
Y a partir de aquí podrían plantearse una catarata de observaciones, pero sencillamente, basta con decir que los 25 millones de argentinos que vivíamos en tiempos de la dictadura fuimos cómplices de lo que pasó, por acción, o por omisión, o bien por cualquiera de los matices intermedios entre una y otra posición.
Cuando la dictadura terminó yo tenía 8 años, estaba cursando el tercer grado de la escuela primaria, y hacía campaña para el Partido Intransigente, pegando calcomanías en los árboles, contra la postura familiar que se inclinaba por el radicalismo.
Pero, si vamos al caso, aún en esa breve etapa de vida que llevaba hasta entonces, recuerdo haber visto una larga lista de situaciones que en mi inocencia me mostraban que alguna cosa ocurría. Claro que era difícil precisarlo con 8 años.
El punto es que todos y cada uno de los que transitamos la dictadura, tuviéramos la edad que tuviéramos, sabíamos que estaban pasando cosas. Entonces, ¿quién puede decir hoy quién es más culpable que otro?
En este marco de intolerancia (bastante parcializada, además, porque se “juzga” a los que están en la vereda disidente), lo que a cierto nivel puede ser considerado como un (desaforado) debate de ideas o ideologías, va permeando a los estratos cada vez más bajos –en términos de recursos discursivos- de la sociedad, y llega finalmente como un mensaje más intolerante, a quienes cuentan con la violencia como único recurso.
Como en el caso de la TV cuando se plantea el debate en torno de los malos contenidos de la programación, en poder del televidente (lector u oyente) está la decisión final, y está bien que así sea.
Quien considere que no debe leer un diario, escuchar una radio, o ver un canal de TV, por sus propios contenidos o por los periodistas que programan y difunden esos contenidos, está en todo su derecho de hacerlo. Como también quien piensa exactamente lo contrario.
Demonizar a quien piensa diferente mediante puestas en escena como el “juicio moral” a los periodistas, no es otra cosa que una actitud tan dictatorial como la que ejerció el gobierno de facto al que se critica y a cuyos presuntos colaboradores se pretende juzgar.
Las “cazas de brujas”, quedó demostrado repetidas veces a lo largo de la historia, nunca dieron buenos resultados.
Pero esta disputa se circunscribe, en realidad, a un debate mucho más chico: la pulseada por la información entre algunas corporaciones de medios y el Gobierno Nacional.
Desde una y otra trinchera, desde hace tiempo vienen arrojándose con todo tipo de municiones verbales, que nunca habían superado el rango de “chicanas”.
Cualquier incursión en el plano judicial, rápidamente encontraba una suerte de “vía de descompresión” a través de los propios vericuetos de la Justicia. Y claro está, todo quedaba reducido al “estallido inicial” de la noticia, y nunca se le hacía el seguimiento para ver en qué desembocaba.
Sin embargo, el problema está en que para este conflicto, el dicho popular “perro que ladra no muerde”, puede devenir en “los que ladran y los que muerden”.
Y es que mientras a nivel gubernamental la “guerra” se limitaba ala artillería verbal, en el ámbito de las organizaciones e individuos satélites del Gobierno (con o sin orden expresa, eso es imposible saberlo), comenzaron a tomar iniciativas propias, y de mucho mayor acción directa que las palabras.
Así, a las acusaciones de participación, o al menos de omisión durante la última dictadura contra muchos periodistas, se sumaron agresiones directas (como las de la Feria Internacional del Libro) contra quienes piensan distinto.
La intolerancia verbal de los que juegan a la política, la toman los que parecen no estar tan a al altura de las circunstancias, para convertirla en acción violenta.
Por eso, en la jornada de este jueves 29 de abril, está previsto realizar una suerte de “juicio público”, simbólico (o eso se supone, al menos) a una buena cantidad de periodistas.
Y a partir de aquí podrían plantearse una catarata de observaciones, pero sencillamente, basta con decir que los 25 millones de argentinos que vivíamos en tiempos de la dictadura fuimos cómplices de lo que pasó, por acción, o por omisión, o bien por cualquiera de los matices intermedios entre una y otra posición.
Cuando la dictadura terminó yo tenía 8 años, estaba cursando el tercer grado de la escuela primaria, y hacía campaña para el Partido Intransigente, pegando calcomanías en los árboles, contra la postura familiar que se inclinaba por el radicalismo.
Pero, si vamos al caso, aún en esa breve etapa de vida que llevaba hasta entonces, recuerdo haber visto una larga lista de situaciones que en mi inocencia me mostraban que alguna cosa ocurría. Claro que era difícil precisarlo con 8 años.
El punto es que todos y cada uno de los que transitamos la dictadura, tuviéramos la edad que tuviéramos, sabíamos que estaban pasando cosas. Entonces, ¿quién puede decir hoy quién es más culpable que otro?
En este marco de intolerancia (bastante parcializada, además, porque se “juzga” a los que están en la vereda disidente), lo que a cierto nivel puede ser considerado como un (desaforado) debate de ideas o ideologías, va permeando a los estratos cada vez más bajos –en términos de recursos discursivos- de la sociedad, y llega finalmente como un mensaje más intolerante, a quienes cuentan con la violencia como único recurso.
Como en el caso de la TV cuando se plantea el debate en torno de los malos contenidos de la programación, en poder del televidente (lector u oyente) está la decisión final, y está bien que así sea.
Quien considere que no debe leer un diario, escuchar una radio, o ver un canal de TV, por sus propios contenidos o por los periodistas que programan y difunden esos contenidos, está en todo su derecho de hacerlo. Como también quien piensa exactamente lo contrario.
Demonizar a quien piensa diferente mediante puestas en escena como el “juicio moral” a los periodistas, no es otra cosa que una actitud tan dictatorial como la que ejerció el gobierno de facto al que se critica y a cuyos presuntos colaboradores se pretende juzgar.
Las “cazas de brujas”, quedó demostrado repetidas veces a lo largo de la historia, nunca dieron buenos resultados.
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