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viernes, 27 de agosto de 2010

El presidente de Francia deberá explicar a la Unión Europea la masiva expulsión de gitanos


Tras la denuncia de la ONU, que calificó como "racista" la medida y la consideración del Vaticano acerca de que está enfocada hacia "víctimas de un holocausto" el presidente francés se vio obligado a dar explicaciones a sus socios de la Unión Europea el próximo martes 31 de agosto.
La reunión fue acordada en una conversación telefónica entre el primer ministro francés, François Fillon, y el presidente del Ejecutivo europeo, José Manuel Durao Barroso, según reveló la agencia de noticias DPA.
No obstante esta situación, a la que París no quería acceder bajo el argumento de que su política inmigratoria "es perfectamente legal", la Cancillería francesa emitió este viernes un comunicado en el que reitera que "cumple estrictamente con la normativa europea y con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos".
Bruselas agradeció la disposición del gobierno francés a intensificar el diálogo en este asunto, aunque ratificó su posición asegurando que "la Comisión debe llevar adelante su propio examen del tema", según dijo un portavoz.
Con su aprobación popular por el piso y a dos años de las elecciones, Nicolás Sarkozy, intentó retomar la iniciativa política este mes con un mensaje de tolerancia cero con el delito y la inseguridad cuyos críticos consideran populista y discriminatorio.
La policía desmanteló este año 51 campamentos de gitanos en toda Francia y el gobierno deportó a más de 8.000 de miembros de esta comunidad a sus países de origen, Bulgaria y Rumania , luego de asociarlos con la delincuencia y la mendicidad.
Frente a esta situación, este viernes se conocieron también las duras críticas del Vaticano y del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.
La Santa Sede, a través del secretario del Consejo Pontificio para los Migrantes y los Itinerantes, arzobispo Agustino Marchetto, dijo que las expulsiones jamás deben ser "colectivas".
Aunque toda expulsión colectiva es inaceptable, en el caso específico de los gitanos es particularmente lamentable porque "se trata de personas débiles y pobres que fueron perseguidas, que fueron también víctimas de un holocausto y que viven siempre huyendo de quienes les dan la caza", dijo Marchetto.
"No se puede culpar a toda una población por las faltas de algunos", dijo el arzobispo citado por la agencia de noticias Ansa, quien esta semana había llamado al presidente Sarkozy para pedirle que revea el endurecimiento de su política hacia los gitanos.
Marchetto expresó, además, que la Iglesia "no es de derecha ni de izquierda" y que cuando deplora las expulsiones de los gitanos de Francia u otro país no "entra en discusiones políticas", sino que expresa su punto de vista sobre un tema que refiere a la "defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas".
El arzobispo de París, André Vingt-Trois, había calificado ayer de "circo" las expulsiones y dijo que planteará al gobierno que "hay ciertas líneas que no deben cruzarse" cuando se reúna en los próximos días con el ministro del Interior galo.
Por su parte, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial exhortó
al gobierno francés a "evitar las repatriaciones colectivas" de personas como las que ordenó para los gitanos.

En un pronunciamiento emitido en Ginebra, los miembros del Comité expresaron también preocupación por el aumento de "manifestaciones de violencia de carácter racista" contra los gitanos de etnia romaní en Francia.
Asimismo, el Comité se declaró preocupado por "los discursos políticos de naturaleza discriminatoria".
Al término de una reunión del organismo,los expertos dijeron sobre Francia que las repatriaciones colectivas se realizaron sin el consenso libre, pleno e informado de todos los involucrados.
El Comité se declara preocupado por "la difícil situación de los miembros de la comunidad rom (o romaní) para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales".


Críticas del Vaticano
El Vaticano volvió a cargar contra la expulsión colectiva de gitanos de Francia, por considerarla una medida que pagan justos por pecadores y que afecta a “personas débiles y pobres” víctimas de un “holocausto”.
Consultado sobre el caso específico de Francia, el secretario del Consejo Pontificio para los Migrantes y los Itinerantes, arzobispo Agustino Marchetto, dijo que las expulsiones jamás deben ser “colectivas”.
“No se puede culpabilizar a toda una población por las faltas de algunos”, dijo el arzobispo, quien esta semana ya había llamado al gobierno del presidente francés, Nicolas Sarkozy, a rever el endurecimiento de su política hacia los gitanos.
Aunque toda expulsión colectiva es, por lo tanto, inaceptable, en el caso específico de los gitanos es particularmente lamentable, porque “se trata de personas débiles y pobres que fueron perseguidas, que fueron también víctimas de un holocausto y que viven siempre huyendo de quienes les dan la caza”, dijo Marchetto.
Marchetto expresó además que la Iglesia “no es de derecha ni de izquierda” y que cuando deplora las expulsiones de los gitanos de Francia u otro país no “entra en discusiones políticas”, sino que expresa su punto de vista sobre un tema que refiere a la “defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas”.
El arzobispo retomó y ratificó el reclamo vaticano a que sea aceptada la “legítima diversidad humana”, lanzado el domingo, en francés, por el Papa Benedicto XVI.
“La Iglesia es la Iglesia, no es de derecha y no es de izquierda, y no es tampoco de centro”, dijo Marchetto en una entrevista con I Media, agencia de noticias en francés especializada en temas vaticanos.
La Iglesia sólo “presenta respetuosamente su punto de vista sobre todo lo que concierne a la ley moral y a la doctrina social de la Iglesia”, insistió el arzobispo, citado por la agencia de noticias Ansa. “Cuando se defienden los derechos humanos, cuando se habla de respeto a la dignidad de las personas, en particular de mujeres y niños, no se hace política, sino pastoral”, dijo Marchetto.
Con su aprobación popular por el piso y a dos años de las elecciones, Sarkozy intentó retomar la iniciativa política este mes con un mensaje de tolerancia cero con el delito y la inseguridad cuyos críticos consideran populista y discriminatorio.
La policía desmanteló este año 51 campamentos de gitanos en toda Francia y el gobierno deportó a más de 8.000 de miembros de esta comunidad a sus países de origen, Bulgaria y Rumania, luego de los asociarlos con la delincuencia y la mendicidad.
La política recibió duros cuestionamientos en Francia y Europa de quienes la consideran una medida racista contra una de las comunidades más desfavorecidas y vulnerables del continente y de quienes afirman que es una estrategia de Sarkozy de seducción de la extrema derecha para las elecciones de 2012.
El arzobispo de París, André Vingt-Trois, calificó ayer de “circo” las expulsiones de gitanos de Francia y dijo que planteará al gobierno que “hay ciertas líneas que no deben cruzarse” cuando se reúna en los próximos días con el ministro del Interior galo.


Críticas de la ONU
En tanto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) criticó a Francia por las repatriaciones colectivas de gitanos rumanos, y aconsejó al país que actúe sobre el pleno respeto de los derechos humanos.
“Recomendamos a Francia que evite las repatriaciones colectivas (de gitanos a Rumanía)” y que vele por que todas las políticas respecto a los romaníes sean conformes a la Convención Internacional de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, afirma el Comité en sus conclusiones, divulgadas tras estudiar el caso de Francia.
El organismo de las Naciones Unidas también mostró su inquietud ante el repunte de “las manifestaciones violentas de carácter racista contra los romaníes” en territorio francés.
“Hay informaciones que apuntan que los romaníes han sido enviados de manera colectiva a sus países de origen, sin que se haya obtenido el libre consentimiento de todos los individuos afectados”, remarcó el CERD.
Estas deportaciones forzadas contradicen las declaraciones de la delegación gala en su diálogo de hace dos semanas con el CERD, en las que afirmó que “se había establecido un marco que rigiera el retorno voluntario de los romaníes a su país de origen”.
Igualmente, el Comité resaltó su preocupación por la “difícil situación de la comunidad romaní en cuanto al ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”.


De agencias Télam, DPA y EFE. Publicado en InfoBae y El Litoral (Argentina). Foto La Voz -Cadiz, España- (www.lavozdigital.es)
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