El Congreso del Perú derogó en la noche del martes el decreto legislativo que expidió hace dos semanas el gobierno que generó gran polémica por estar supuestamente dirigido a amparar a los acusados de delitos de lesa humanidad.
La decisión fue tomada por 90 votos a favor y uno en contra, este último del vicepresidente de la República, Luis Giampetri, un vicealmirante en retiro que según la oposición estaba entre los potenciales beneficiados con el decreto, reportó la agencia alemana DPA.
El resultado no sorprendió, pues tanto los parlamentarios del oficialismo como los que siguen al encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, quienes teóricamente eran los llamados a defender la norma, ya habían decidido de antemano que no lo harían.
La derogación fue impulsada por el propio gobierno, en medio de las múltiples críticas nacionales e internacionales que recibió por lo que, según los críticos, era una amnistía disfrazada.
El decreto expedido establecía que los delitos de lesa humanidad sólo pueden ser considerados como tales a partir de 2003, cuando el Perú suscribió tratados internacionales al respecto. Así, los acusados podían recurrir al beneficio de la prescripción, que no existe para los delitos de lesa humanidad.
Varios procesados solicitaron de inmediato la excarcelación, incluidos los miembros del grupo Colina, organización militar que cometió numerosos asesinatos durante el gobierno de Fujimori (1990-2000), entre ellos los 25 por los que el ex mandatario paga desde 2007 una condena de 25 años de cárcel. Ninguno la obtuvo, sin embargo, porque los tribunales no alcanzaron a revisar el caso.
La norma estaba limitada a militares y policías, y excluía además a los ya sentenciados, pero los críticos se decían seguros de que los acusados recurrirían luego a "leguleyadas" para sacar provecho.
El decreto fue impulsado por el hasta ayer ministro de Defensa, el ultraconservador Rafael Rey, que quedó fuera del renovado gabinete al parecer por el lío que se formó. También salió el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien se opuso en forma pública al decreto, lo que supuestamente molestó al presidente Alan García.
Portavoces de la oposición y de grupos de derechos humanos se niegan a creer que García haya sido ajeno al tema y por el contrario aseguran que hubo un pacto subterráneo entre éste, los fujimoristas y militares y policías acusados, lo que es negado por los aludidos.
La ola de críticas al decreto, que incluyó a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, arrinconó al gobierno, que sufrió un golpe adicional el lunes cuando el célebre escritor Mario Vargas Llosa renunció a la presidencia de la comisión que prepara un museo de homenaje a las víctimas de la violencia, pues, argumentó, eso es incompatible con la "amnistía encubierta".
Pese al acuerdo tácito para derogar, la votación de anoche estuvo antecedida por un intenso debate en el que abundaron los insultos entre los oficialistas y los fujimoristas, por un lado, y los opositores de centro e izquierda, por el otro.
El único que mantuvo la rebeldía empero fue Giampetri, en su condición de congresista. El vicepresidente es acusado por grupos de derechos humanos de supuestos abusos en su época de militar activo.
De agencia Télam
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