(Por Eduardo Rodriguez-Baz*) Miles de personas volvieron a tomar hoy el centro de esta capital para demandar que se someta a referendo la decisión del Gobierno español de incorporar a la Constitución el límite de déficit fiscal.
A escasos cuatro días de una protesta similar, el malestar ciudadano se hizo sentir una vez más contra el pacto entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el derechista Partido Popular (PP) para incorporar a la Carta Magna un techo de gasto.
No a esta reforma de la Constitución, abajo el orden de los mercados y del capital fue el lema de la marcha, que partió desde la glorieta de Atocha y concluyó a pocos metros de la sede del Congreso de los Diputados (Cámara baja).
La manifestación fue convocada por el Movimiento 15-M o de los Indignados, plataforma que nació de manera espontánea en las redes sociales de Internet para expresar su hartazgo por la situación política, económica y social de este país europeo.
Al igual que el pasado domingo, cuando hubo movilizaciones en una decena de ciudades, los manifestantes exigieron la celebración de una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes se pronuncien sobre la proyectada reforma constitucional.
Los Indignados y sus organizaciones afines denunciaron que la medida negociada entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de España fue redactada al dictado de los mercados financieros y de los gobiernos neoliberales de las potencias europeas.
Frases como Democracia, ¿dónde estas?, Mi Constitución la voto yo o Dictaduras de bancos, no, podían leerse en las pancartas que portaban cientos de participantes en la concentración.
También se escucharon cánticos a favor de una huelga general, en caso de que prospere la modificación de la Ley Fundamental, que mañana tiene garantizada su aprobación en la Cámara baja con los votos del PSOE y del PP, principal fuerza de la oposición.
Tras concluir la protesta, una parte de sus asistentes realizó una asamblea para definir las acciones que llevarán a cabo en los próximos días, sobre todo las de mañana, cuando la propuesta recibirá luz verde en el Congreso y pasará al Senado para su visto bueno definitivo.
Socialistas y conservadores sellaron el viernes último un acuerdo para anexar a la Constitución un principio de estabilidad presupuestaria, el cual prohíbe a las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural superior al requerido por la Unión Europea.
Para Izquierda Unida, la regla de oro de la doctrina plasmada en la polémica reforma (limitación estricta del déficit y la deuda pública y priorización del pago de los intereses de la deuda) es el estandarte ideológico y político de las políticas neoliberales.
*Publicado en Prensa Latina
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