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martes, 4 de octubre de 2011

Informe Especial, “Trata de mujeres en Argentina” – Once: Cómplices necesarios


Así como respecto a otros delitos, como el de la venta de drogas, o la existencia de desarmaderos clandestinos, el funcionamiento de prostíbulos es una situación que está en pleno conocimiento de quienes viven en su entorno.

Y como en los otros casos, respecto a las casas de citas, la pregunta es la misma: “Si lo saben los vecinos, ¿no lo saben las autoridades policiales?”.

La pregunta suele quedar sin respuesta “oficial”, aunque cada uno llega a la conclusión de que inevitablemente deben estar dándose complicidades necesarias. Y esas complicidades alcanzan también al funcionamiento de prostíbulos. Los prostíbulos están prohibidos por la ley, que no pena ele ejercicio de la prostitución, pero si la existencia de la figura de un regente de las trabajadoras sexuales.

A eso se sumó en 2008, la ley que pena la trata de personas, tanto en sus fines sexuales, como en las demás formas de explotación.

Desde entonces, lo que puede ser una suposición general, pasó a verse confirmado en numerosos casos. Situación que deja a las claras que debe existir necesariamente -y si bien puede que no en todos los casos, sí en una buena parte- una complicidad necesaria.

Las complicidades no tienen nada de nuevas, ya que es posible rastrearlas, y en abundancia, en el boom de la trata de mujeres de fines del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Policías, jueces, legisladores y funcionarios políticos estaban implicados en los negocios de mega organizaciones como la Zwi Migdal, y así lo retratan libros especializados y diarios de la época.

Con el resurgimiento de la trata de mujeres con fines de explotación sexual entre finales del siglo XX y hasta el presente, esas complicidades vuelven a salir a la luz.



Las denuncias

Denuncias existen, el problema parece ser la respuesta de las autoridades.

Una nota del diario Crónica, recogido y publicado por El Sindical, el 26 de agosto último, planteaba una de esas denuncias, que por su magnitud, resulta en extremo escandalosa:

“En la torre Rustique, ubicada en avenida Santa Fe 1126 (de la Ciudad de Buenos Aires), los vecinos aseguran que hay esclavitud sexual de menores, ruidos molestos y ataques de travestis. Afirman que por las noches tienen relaciones en la galería de la planta baja porque algunos clientes no quieren subir a los departamentos.

”Tanto los moradores como los dueños e inquilinos de los locales comerciales de la planta baja del edificio Rustique, ubicado en Santa Fe 1126, en el barrio porteño de Recoleta, protestan por la situación de descontrol a la que llegó la torre.

”En total son 31 los departamentos que funcionan como prostíbulos y otros 30 están sospechados de ser utilizados con ese fin. Los vecinos afirman que están viviendo un infierno.”

Un artículo del diario InfoPlatense, del 23 de septiembre de este año, muestra la acción que se encara desde lo gubernamental:

La Plata alberga, al menos, 59 prostíbulos en las calles de su casco urbano, cuatro de los cuales no fueron localizados. Así se desprende del relevamiento que la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad Provincial, realizó el año pasado.

”La investigación se confeccionó a partir de los avisos clasificados que aparecían publicados en los rubros de oferta sexual de los diarios locales El Día y Hoy. Con ese dato, la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) está trabajando en investigar los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.”



Cómplices necesarios

En el imaginario colectivo, la relación entre la explotación sexual y los organismos encargados de controlarla, ya sean judiciales, políticos, o policiales, es un hecho.

Esto se basa, en forma sustancial, en cuestiones fácticas.

Los datos que confirman esta situación son fácil de obtener, y están presentes en libros, y en material periodístico.

Uno de los libros ya citados, “Historia de la prostitución en Argentina 1870 a 1940”, de Roberto Julio Gómez, subraya, entre muchos otros pasajes, el proceso que se siguió a un grupo de policías de la Capital Federal, en 1928, por falsificación de documentación que permitiera el ejercicio de la prostitución por parte de menores de edad, que estaba penado por la ley.

“Por los caminos del petróleo”, de Roberto Villa, cuenta que en la localidad neuquina de Plaza Huincul, a mediados de la década de 1920, fue el Estado el que abrió el primer prostíbulo de la ciudad, destinado a los trabajadores de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Al respecto, el diario “Río Negro”; en su edición del 6 de mayo de 2007, y en una nota que lleva el título “El primer prostíbulo de Plaza Huincul era del Estado”, asegura que “las mujeres que allí trabajaban eran empleadas del Estado”, dado que “la iniciativa provino del ingeniero Alberto Landoni”.

Citando a Villa, el artículo repasa: “Los días de franco la gente se iba a Neuquén y no volvía, el éxodo era cada vez más grande y fue por eso que Landoni le llevó un proyecto al ingeniero Enrique Mosconi”, primer director de YPF.

En junio de 2009, Jorge Ullrich, dueño de El Rancho, uno de los cuatro cabarets que funcionan en 25 de Mayo, La Pampa, una ciudad con 8000 habitantes, según el censo del 27 de octubre de 2010, se convirtió en el primer procesado por violación a la Ley de Trata, sancionada en 2008.

En esa causa la fiscal Ana Laura Ruffini pidió también el procesamiento del intendente de la localidad, David Bravo, y de dos funcionarios municipales, por autorizar en funcionamiento del local nocturno. A fines de marzo de 2010 la Justicia dictó la falta de mérito para el jefe comunal, decisión que fue apelada por Ruffini.

Bajo el título “A fin de mes, el primer juicio por el delito de trata de personas”, el 18 de junio de 2010, “El Diario de La Pampa", publicó declaraciones de Jorge Ullrich, en las que éste aseguraba: “Para mí es un negocio como el que hacía antes, como comprar y vender vacas”, declaró Jorge Ullrich.

Ulrich, un hombre de 43 años de edad, se convirtió en el primer condenado en La Pampa por el delito de trata de personas, en un juicio que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. "Si algo hice mal, me arrepiento", dijo antes de conocerse la sentencia. Le dieron cuatro años de condena.

El caso comenzó el 12 de mayo de 2009, cuando una joven de origen boliviano denunció que se encontraba en el cabaret contra su voluntad y que era explotada sexualmente.

La mujer puso en alerta a las autoridades policiales de 25 de Mayo, luego de que concurriera a realizar un trámite migratorio. Un cabo la vio llorar y alertó a sus jefes. Allí confesó que había llegado al país engañada y que era obligada a ejercer la prostitución.

Ulrich explicó que se trasladó desde Santa Rosa a 25 de Mayo, en medio del boom petrolero. En la capital provincial también era dueño de otro local llamado El Rancho.

En 25 de Mayo, dijo, los clientes tenían más dinero. La mayoría de los clientes eran trabajadores petroleros.

También en la provincia de La Pampa, la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Rosa y periodista especializada, Mónica Molina, había denunciado lo que ocurre en el cabaret de la ciudad de Macachín en el año 2008, en su revista Urbanas en Red.

Por ello no se sorprendió, dijo en declaraciones periodísticas, cuando se conoció que una pareja escapó de la red de trata de personas que allí opera, ni de datos como que "traen a las chicas desde el norte del país y desde Paraguay engañadas", ni que "uno de los tratantes sea un ex concejal desde el ’83 al ’91 por el PJ", ni que "las abogadas de los socios del prostíbulo sean las asesoras letradas de la Municipalidad de Macachín".

“Tenés políticos que cobran coimas, policía que cobra coimas, intendente que cobra coima, curas que miran para otro lado, y toda la sociedad que es cómplice, porque al callar sos cómplice. ¿Cuál es el otro camino? Empezar a concientizar que consumir sexo pago es consumir sexo esclavo”, sentencia. “De esta manera empezamos a entender que en cada prostíbulo, en cada whiskería, en cada ‘privado’, hay negocio, hay mafia y hay mujeres que están secuestradas o engañadas y no pueden salir. Porque salen de dos formas, o porque se escaparon o porque las mataron”, aseguraba Fabiana Tuñez, coordinadora ejecutiva de la asociación civil La Casa del Encuentro, en el trabajo “La trata de personas en la ruta del petróleo”, del portal Observatorio petrolero Sur, difundido a comienzos de 2010.

En el mismo trabajo, Mercedes Assorati, una de las responsables del programa “Esclavitud Cero”, de la Fundación El Otro, planteaba que: “En todo el país hay un apoyo de las autoridades a la corrupción policial y la protección policial a los prostíbulos, pero en el sur es absolutamente grotesca. El nivel de impunidad y la forma como se manejan los policías y los poderes públicos en relación al tema es realmente grotesco, es directamente la impunidad total y absoluta. Por ahí acá en Capital o en otras provincias se cuidan un poco más en lo que dicen y en lo que hacen, pero en el sur realmente esto no lo vemos”.

En mayo de 2009, el municipio de Santa Rosa (La Pampa) sancionó una ordenanza que prohíbe las whiskerías. La medida luego fue adoptada por otras localidades pampeanas como General San Martín, Quemú Quemú, Jacinto Aráuz, Eduardo Castex y Winifreda.

Si bien la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante santarroseño fue el puntapié para traducir la lucha contra la trata en políticas públicas, en la provincia persiste el sistema prostibulario con respaldo estatal.

El intendente de Lonquimay, Luis Rogers, se opuso al cierre de la whiskería “Good Night” por considerar que el lugar que brinda “contención” a “transportistas y jóvenes”.

“Si los concejales aprueban la ordenanza, la voy a vetar”, aseguró Rogers, en declaraciones que fueron recogidas por la prensa. Poco después Liliana Abbrate, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, reveló que el subcomisario de Lonquimay, Carlos Adrián Alanís, mantenía por entonces un vínculo con la propietaria de un cabaret de Colonia Barón.

Ante esa situación la fiscal Alejandra Ongaro pidió a la Justicia investigue al intendente de Lonquimay por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por haber permitido el funcionamiento de un prostíbulo bajo la fachada de una whiskería. Además, acusó al subcomisario Alanís, a cargo del destacamento de esa localidad, de “connivencia”. También denunció al dueño de Good Night, Carlos Fernández, por el delito de “facilitador de la prostitución”. Por esos días también Hugo Benvenutto, subjefe de la Unidad Regional I, que se había opuesto públicamente al cierre de whiskerías, pasó a retiro luego de comprobarse que era pariente de la propietaria de un local de ese tipo en General Acha.

La trama policial había sido denunciada por Hugo Ledesma, quien fuera Jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa entre 2003 y 2004. En una entrevista publicada en el diario Página/12, Ledesma denunció los problemas que tuvo en esa fuerza al investigar el circuito provincial de trata para explotación sexual. Le boicotearon pesquisas, lo dejaron sin vehículo, le rompieron la pc, le negaron allanamientos, lo trasladaron a una localidad lejana y recibió amenazas.

En Santa Cruz, a comienzos de abril de 2010, se realizó un operativo en una wiskería de El Calafate, que enojó al intendente. El mandatario se quejó “por el fuerte despliegue policial y el mal rato que pasaron quienes se encontraban en el club nocturno allanado sorpresivamente”, y “reprochó a las autoridades de la provincia no haberle avisado con antelación”. Así lo reflejó el diario La Opinión Austral.

El operativo tuvo como resultado el rescate de menores en situación de prostitución y la incautación de estupefacientes.

En Río Negro, y sólo por citar un solo ejemplo más de los que abundan, la situación en 2009 era la siguiente:

“La jueza Marisa Bosco, a cargo de investigar algunas causas vinculadas a (la ciudad de) Las Vegas, denunció presiones por parte de la policía rionegrina, mientras que altos funcionarios provinciales presentaron demandas por mal desempeño contra ella. En ese marco también cesantearon a Gabriel Ormeño, policía que investigó a sus superiores y probó la participación de miembros de esa fuerza en la red de trata que opera en la localidad”.

El párrafo pertenece al informe de Observatorio petrolero Sur, y fue tomado de una nota publicada en Página/12, por la periodista Mariana Carabajal, del 24 de agosto de 2008.


La “pata” policial

Un tercer ejemplo, que suma la “pata policial”, es una escucha telefónica, detectada entre efectivos de la Policía de la provincia de Río Negro, en el marco de la investigación por la desaparición de la adolescente Otoño Uriarte.

El de Uriarte fue un caso que, inicialmente, fue ubicado en la línea de investigación de la operatoria de las redes de trata. La aparición de los restos de la joven en un zanjón de riego, seis meses después, llevó a que no se profundizara esa línea de trabajo.

Sin embargo, en medio de la investigación, surgieron elementos respecto a las operaciones de las redes de trata como el citado diálogo, recogido por el portal de la ciudad de El Bolsón (www.bolsonweb.com.ar).

El título del artículo era: “Signos de corrupción en Rí­o Negro: Caso Otoño Uriarte, una escucha telefónica compromete a policí­as de Río Negro con la trata de blancas”.

“–¿Sabés qué? Tengo que llevar a una chica para fichar, loco –dijo el cafishio.

–¿Cómo está (la chica)? –contestó el oficial de guardia.

–Está rebuena.

–Uy, qué los parió. Esperá... Le preguntamos al subco.”

El fragmento surgió a partir de las escuchas telefónicas dispuestas por María del Carmen García García, titular del Juzgado Penal 21 de Río Negro.

Aunque la conversación involucraba a una comisaría de Choele Choel, la Justicia decidió investigar a toda la policía provincial.

A esos ejemplos, se suman los datos aportados por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, en su informe anual sobre la situación del año 2009, sobre la situación de la Trata de Personas en Argentina.

El trabajo, que está publicado en la página web del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires (www.mseg.gba.gov.ar), es bastante contundente a la hora de recriminar el accionar de la Justicia en el fuero interno.

“Según ongs (locales) y organizaciones internacionales, algunos integrantes de la justicia a nivel provincial resultan cómplices de los delitos de trata de personas. Algunos agentes de policía presuntamente hacen la vista gorda ante las actividades de tráfico o los propietarios de prostíbulos ante la inminente realización de redadas”, dice el informe en uno de sus pasajes.

Más adelante apunta que no se “condena a los funcionarios del gobierno involucrados en la trata de personas, aunque hubo varias investigaciones en curso sobre la complicidad de policías sospechosos de casos de explotación sexual comercial”.



Títulos

Algunos títulos de diarios pueden sumar más claridad, si es que hace falta:

-“Gendarmería realizó un allanamiento en un prostíbulo que está ubicado a 50 metros de la Jefatura Distrital Policial de Berazategui”

Publicado por la Federación de Entidades de Fomento de Quilmes, en agosto de 2011.

Detalla: “Veintitrés personas fueron demoradas, de las cuales nueve eran mujeres mayores de edad, de nacionalidad argentina, presuntas trabajadoras sexuales, el resto eran clientes del sitio.Una vez identificados solamente quedo detenido en propietario del lugar, de nombre Juan Carlos Pérez, de 50 años de edad, un ex policía que fue exonerado de la fuerza.

-“Juzgan a un policía en La Rioja por trata de personas”

Publicado por “El Diario de la República”, el 20 de agosto de 2011.

Detalla: “El efectivo comenzó a ser juzgado por la Justicia Federal por intentar cooptar a una joven de 19 años con falsas promesas laborales e incluirla en una red de trata de personas”.

-“Piden justicia por la trata de menores en Pergamino”

Publicado en “Política y Medios”, el 15 de diciembre de 2010.

Detalla: “Mientras la Red de Alto al Tráfico y la Trata intenta reimpulsar la causa Spartacus mediante marchas y reuniones con autoridades judiciales, el intendente Héctor "Cachi" Gutiérrez continúa tratando de desviar el caso que lo tiene como uno de los principales sospechosos. El caso de trata de personas en el prostíbulo Spartácus de Pergamino está a punto de explotar y salpicar al poder político de esa localidad bonaerense. El mayor implicado es el intendente cobista Hector "Cachi" Gutiérrez, acusado por testigos protegidos de recibir coimas y hasta de frecuentar habitualmente el lugar. Allí, 15 mujeres paraguayas, varias de ellas menores de edad, ejercían la prostitución en condiciones de esclavitud”.

-“Jefes policiales implicados en “La Posada” se disfrazan de corderos”

Publicado en la web de la organización La Alameda, el 19 de febrero de 2011.

Detalla: “Los policías de la seccional 1° en Mar del Plata con jurisdicción donde se instala el prostíbulo “La Posada” fueron los primeros en tomarles declaración a las mujeres explotadas sexualmente en la inspección del miércoles a la madrugada, y ahora llamativamente se pusieron participativos. Por primera vez se acercaron a la reunión de la Mesa contra la Trata en el Concejo Deliberante. El pequeño detalle es que desde el 2002 que esta comprobada la complicidad policial con la mafia proxeneta y esclavista en “La Posada”. Ese año fueron detenidos nueve policías bonaerenses por hacer la custodia en ese tugurio. En tanto que este año la cámara oculta de la Alameda da a conocer que los policías no solo jamás aplicaron la ley de Profilaxis a su vez asisten con frecuencia para hacer los llamados “Pases” o sea someter sexualmente a las mujeres”.



Para callarla, un prostíbulo de regalo

Y como cierre, el caso más estremecedor de connivencia policial hasta ahora develado. El que dejó al descubierto una agente de la Policía Federal, tras denunciar a sus jefes por connivencia con los tratantes, y por pretender extorsionarla para que se silenciara, a cambio de… regentear un prostíbulo.

Pasajes de la nota publicada por Página/12, el 14 de mayo de 2010:

“Nancy Miño Velázquez hacía tareas de inteligencia en la división policial de combate a la trata de mujeres para prostitución. Ayer denunció en la Justicia que los responsables del área recaudan dinero de los responsables de ese delito.

”El juez federal Ariel Lijo investiga desde ayer si en la División Trata de Personas de la Policía Federal se cobran coimas a dueños de prostíbulos para permitir que continúen en funcionamiento. La investigación se inició a partir de la denuncia de la mujer que es personal de la Policía Federal, que integró hasta hace poco la división creada especialmente para el combate de la trata de personas y que incluso intervino en algunos procedimientos.

”La mujer, que es personal administrativo de la fuerza, dice haber realizado “tareas de inteligencia dentro y fuera de prostíbulos” y acusó directamente al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, de recaudar el dinero proveniente de acusados por el delito de trata de mujeres para la prostitución. También denunció un intento por parte de ese oficial de “plantar dos menores en un boliche” de Pompeya, como parte de una interna policial.

”La denunciante es Nancy Graciela Miño Velázquez, de 38 años, nacida en Paraguay pero nacionalizada argentina. Miño es hija de un ex integrante de la Federal y su ex esposo es miembro de la fuerza. Tiene un hijo de 13 años que vive con su padre. Hace dieciocho años que trabajaba en el Comando Radioeléctrico, en la atención de llamados al 911, hasta que en octubre de 2008 la trasladaron en comisión a la División Trata de Personas. “Dijeron que como sé hablar en guaraní, podía hacer tareas de inteligencia en lugares donde había chicas paraguayas que no hablaban castellano”, relató. “Además, como vendía lencería erótica, tenía contactos con gente que estaba en la prostitución.”

”“Me mandaron a hacer inteligencia interna y externa en privados, cabarets o boliches, pero yo tenía que pasarle toda la información sobre los lugares donde había menores a Fernández, en forma personal. Algunos los tengo detallados porque siguen existiendo”, dijo.

”Mencionó un caso en el que le encomendaron localizar a una pareja de dominicanos con pedido de captura por la Ley de Trata, identificados como Williams G. G. y Ana Felicia M. de F. Los ubicó, después de infiltrarse entre prostitutas dominicanas, “en el boliche Chicharrón, ubicado en Bartolomé Mitre y Callao”. Pero la pareja nunca fue detenida y “según gente que está en la prostitución, los dejaron escapar a cambio de 50 mil pesos”.

”Lo mismo habría ocurrido con un sujeto de apellido Chini quien, “según Fernández, tenía varios puteríos en Lanús y lo tenía que localizar porque tenía que pagar para la continuidad del funcionamiento de los privados”. Miño dice que obtuvo el domicilio del proxeneta y lo pasó a sus superiores, pero supone que “como todavía está en libertad, debe haber habido algún arreglo”. Agregó que en un procedimiento en el Chaco, el propio jefe de la División “dijo que inventó una detenida”.

”La testigo agregó que en 2009, un oficial de apellido Ojeda Mercado le ofreció “regentear un prostíbulo en la calle Avellaneda”, en el barrio de Flores. Y que una suboficial de apellido González “que trabajaba en la Comisaría 5ª, que era mano derecha del comisario, me dijo que necesitaba gente de confianza para un prostíbulo en la avenida Córdoba”. “El mismo Mercado me dijo que Fernández regenteaba prostíbulos en Ciudadela y Ramos Mejía”, dijo la testigo ante el juez.”

Después de sus declaraciones, Nancy Miño Velázquez, debió recibir protección especial y refugiarse en un lugar desconocido, tras ser amenazada de muerte.

En una nota publicada por Página/12 el 18 de agosto de 2010, se planteaba que “casi cuatro meses después, “la causa judicial está congelada y los acusados están todos en actividad, incluso participaron de allanamientos en el Partido de la Costa y en cursos sobre trata en localidades bonaerenses”, relató Miño.”

La mujer no cobraba haberes desde junio de ese año, un mes después de su denuncia, porque “no se había presentado a trabajar”, señalaba la nota de Página/12. Claro que Miño Velázquez no se presentaba a trabajar por las amenazas recibidas.

En septiembre, se presentó una nueva denuncia periodística, en la que se señalaba que Miño Velázquez “estaría siendo intimidada por parte de uno de los efectivos involucrados en la investigación”.

“Mientras como suele suceder, el denunciante policial es el más investigado (para comprender por qué alguien rompe el código de camaradería) soportando citaciones varias, demoras en las declaraciones y todo tipo de presiones para que se desdiga o renuncie a la policía”, añadía la nota.

Miño Velázquez recibió el apoyo de legisladores de un amplio abanico de agrupaciones políticas, así como de organizaciones, abogados, y del cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

Sus denuncias marcaron un antes y un después, pero la falta de respuestas llevaron a que no se repitieran con la necesaria frecuencia, y mucho menos, en la misma magnitud.



Fuentes:

-Diario El Sindical (www.elsindical.com.ar)

-Diario Info Platense (www.infoplatense.com.ar)

-Diario Río Negro (www.rionegro.com.ar)

-“Por los caminos del petróleo”, de Roberto Villa.

-Diario Textual (www.diariotextual.com)

-Federación de Entidades de Fomento de Quilmes (www.federacionentidades.org.ar)

-Observatorio Petrolero Sur (www.opsur.wordpress.com)

- LU22 Radio Tandil (www.lu22radiotandil.com.ar)

-El Diario de La Pampa (www.eldiariolp.com.ar)

-Diario Página/12 (www.pagina12.com.ar)

-La Opinión Austral (www.laopinionaustral.com.ar)

-Portal de El Bolsón (www.bolsonweb.com.ar)

-Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires (www.mseg.gba.gov.ar)

-El Diario de la República (www.eldiariodelarepublica.com)

-Diario Política y Medios (www.politicaymedios.com)

-La Alameda (www.laalameda.wordpress.com)

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