La iniciativa, presentada por el Frente Amplio, y rechazada por los partidos Colorado y Blanco, fue aprobada por 16 votos a favor y 15 en contra. El proyecto, de "urgente consideración", y de cuatro artículos, "restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985", y a los efectos de la prescripción, no computa el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986, en que se sancionó la Ley de Caducidad, y la vigencia de la nueva ley.
El proyecto de ley, que pasó a la Cámara de Diputados, declara que los delitos de la dictadura "son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte". La iniciativa deberá quedar sancionada antes del 1 de noviembre, cuando prescribirán los crímenes de la dictadura, considerados "comunes" por la Justicia.
La oposición cuestionó la iniciativa por entender que es inconstitucional y "desconoce" el "pronunciamiento" de la ciudadanía en 1989 y 2009, que ratificó en dos plebiscitos la Ley de Caducidad. El pasado 24 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Uruguay por la supresión de identidad de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos, por lo que instó al país a "tomar las medidas necesarias" para que la Ley de Caducidad "deje de representar un obstáculo para la investigación" de la causa.
La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 durante el primer gobierno tras la restauración democrática, otorgó impunidad, salvo excepciones, a militares y policías que actuaron durante la dictadura, entre 1973 y 1985. Pese a que la ley está vigente, durante los gobiernos de Tabaré Vázquez (2005-2010) y el actual de José Mujica quedaron excluidos algunos casos, y 20 represores, militares y policías, fueron encarcelados, entre ellos el dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), condenado a 25 años de cárcel.
De Página/12, Argentina (www.pagina12.com.ar)
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