(Por
Amanda Wilson)Los principales regalos para esta Navidad son dispositivos
electrónicos, muchos de los cuales son fabricados con minerales de regiones con
conflictos armados que causan masivas violaciones a los derechos humanos.
Al
igual que los “diamantes de sangre”, expertos afirman que la venta de los
llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican
productos para el mercado de Estados Unidos va en aumento.
Se
denuncia, por ejemplo, que financia atrocidades en República Democrática del
Congo (RDC), donde ya han muerto cinco millones de personas en el conflicto más
cruento de África, después del genocidio de Ruanda de 1994.
La Ley
de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank es más
conocida por regular el mercado financiero de Estados Unidos, pero parte de la
norma trata sobre la responsabilidad corporativa fuera del territorio de
este país en la compra de minerales de conflicto.
Algunas
disposiciones requieren que las compañías que figuran en la Comisión de Valores y
Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) informen si obtienen el tungsteno, el
estaño, el tantalio y el oro de zonas de RDC relacionadas con violaciones de
derechos humanos perpetradas por grupos armados.
La
norma obligará a las compañías a activar el proceso llamado “debida diligencia
para una cadena de suministro”, para brindar a la SEC la información sobre el
contenido de los productos utilizados.
Pero
la disposición está estancada en un proceso de reglamentación de la SEC , encargada de definir cómo
se aplicará ese punto específico de la Ley Dodd-Frank . El
organismo tiene ocho meses de retraso según su propio plazo. El asunto
figura en el sitio de Internet entre las tareas pendientes para este año que
termina.
Un
hombre carga un paquete de caserita en el Congo
Los
defensores de la ley, entre los que hay organizaciones de derechos humanos y de
la sociedad civil de Estados Unidos y de RDC, se preguntan sobre las razones de
la demora.
Global
Witness, organización de control de recursos naturales de conflicto, recordó
que están en juego vidas humanas.
La
demora, “de hecho, permite ganar tiempo a las organizaciones armadas
responsables de horrendos ataques contra civiles en Congo y obtengan mayores
beneficios del comercio de minerales”, según Global Witness.
Una
investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en RDC informó que 300 personas de tres aldeas cercanas a
yacimientos mineros en la oriental provincia de Kivu Norte fueron violadas en
agosto de 2010.
El
foro mundial atribuyó el episodio a la competencia por el acceso a los
minerales.
Global
Witness realizó sus propias investigaciones, incluido un mapeo de la cadena de
abastecimiento, e informó que el comercio de minerales de conflicto aviva la
apropiación de tierras y el desplazamiento de personas en Kivu Norte, donde
“los abusos a los derechos humanos, incluidas violaciones y esclavitud sexual,
alcanzaron proporciones catastróficas”.
Los
opositores a la norma, muchos de ellos defensores de los intereses
corporativos, arguyen que las disposiciones pueden cortar el comercio con RDC o
ser muy difíciles de cumplir, y que será extremadamente complicado rastrear el
origen de los minerales.
En
cambio, los partidarios sostienen que la procedencia de los minerales,
tungsteno, estaño y tantalio, pueden remontarse hasta unas pocas fundiciones en
el mundo.
También
sostienen que la norma no bloqueará el comercio y que solo requerirá que
las corporaciones investiguen si compran minerales suministrados por
organizaciones armadas de RDC, revelen la información y tomen medidas con la
“debida diligencia” para buscar otras minas de abastecimiento.
El
gobernador de Kivu Norte dijo a investigadores de Global Witness en abril que
hay guerra desde 1996 y les preguntó “por qué el gobierno de Estados Unidos no
aprobó esta ley hace 10 años”.
El
representante Jim McDermott, partidario de la norma, señaló que el proyecto de
ley fue una medida actualizada que permitirá a consumidores e inversionistas
decidir si entablan una relación de negocios con empresas que adquieren
minerales de conflicto.
“Es
importante si creemos en la justicia social de cortar los fondos de
quienes matan y violan en África“, dijo McDermott.
El
estado de California utilizó la norma como modelo para su propio proyecto de
ley, que aprobó en septiembre y que prohíbe hacer negocios con compañías que
utilizan minerales de conflicto.
“Creo
que hubo mucha presión política de diferentes grupos, algunos del sector
corporativo”, para que no saliera la ley, dijo Corinna Gilfillan, directora de
la oficina de Global Witness en Estados Unidos.
“Estamos
hablando de dos disposiciones realmente fundamentales y que son
importantes para los derechos humanos y tenemos ocho meses de retraso.
¿Cuáles son las consecuencias?”, preguntó.
Una
disposición de mayor alcance geográfico de la Ley Dodd-Frank ,
también vinculada a la transparencia, es otra de las que sufre demoras en el
proceso de reglamentación de la
SEC.
La
disposición requerirá que compañías mineras, de gas y petróleo informen a la SEC los impuestos, las
regalías, los derechos de producción, entre otros, y las primas que pagan a los
gobiernos.
La
coalición de lucha contra la corrupción Publiquen lo Que
Pagan, integrada por 600 organizaciones religiosas, ambientalistas y de la
sociedad civil, trabaja para implementar esa medida desde 2004.
“En
muchos países ricos en recursos naturales buena parte de la población vive con
menos de dos dólares al día”, indicó Isabel Munilla, directora de Publiquen lo
Que Pagan, en un foro organizado por la Brookings Institution
en Washington.
Las
iniciativas que promueven la transparencia financiera disminuyen la corrupción
y aumentan la capacidad de la ciudadanía de los países con recursos naturales
para reclamar su justa parte de los beneficios.
McDermott
urgió a ciudadanos de Estados Unidos a apoyar la total implementación de la Ley Dodd-Frank .
“Creo
que la ganancia honesta puede convivir con la justicia social, y de
eso se trata esto”, indicó.
De
Periodismo Humano (www.periodismohumano.com).
Foto: agencia AP
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