Tras comenzar a conocerse los primeros detalles respecto del prostíbulo allanado en Florencio Varela, y en el que se liberó a 24 mujeres retenidas ilegalmente y obligadas a vender su cuerpo, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, busca avanzar, ahora, para determinar los nexos de la organización.
Veinticuatro fueron las mujeres liberadas tras el allanamiento realizado entre la noche del viernes y el mediodía del sábado por personal de la Gendarmería Nacional, en la intersección de la Ruta Provincial Nº 6 y la avenida 215, en el límite entre Florencio Varela y La Plata.
Todo comenzó, según los datos que se conocieron ayer, a través de la denuncia de una de las mujeres que era obligada a prostituirse en el lugar, y que logró escapar de sus captores, iniciando una denuncia. La mujer había sido asistida por una familia varelense.
Tres meses demandó la investigación que finalmente, orden de allanamiento mediante, terminó con personal de la Gendarmería Nacional allanado la vivienda de dos plantas, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 2, y en la que se encontró documentación, y se estableció que se trataba de una suerte de "alojamiento" para las cautivas.
Posteriormente se realizó el segundo de los allanamientos, en la vivienda de Ruta Provincial 6 y avenida 215, donde se liberó a veinticuatro mujeres (veintitrés de ellas de nacionalidad paraguaya, y una de nacionalidad peruana), se detuvo a cinco personas, se identificó a los quince clientes que se encontraban en el lugar en ese momento, y se secuestraron tres escopetas calibre 16, un revólver calibre 32, 45 pesos en efectivo, celulares y otros documentos de valor para la causa.
Los dos operativos fueron encabezados por el fiscal varelense, Darío Provisionato, quien se encuentra al frente de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº 1 de Florencio Varela.
Falsas promesas
La mujer que inició la denuncia fue una de las engañadas con falsas promesas laborales, que había llegado desde su provincia natal, Corrientes, y había caído en manos de la banda de tratantes.
Entre las liberadas, había veintitrés paraguayas, que al igual que la restante, una peruana, habían caído en manos de la red de tratantes tras recibir promesas de empleos legales que nunca se cumplieron.
La causa penal que se había iniciado en el marco de la Justicia Ordinaria, a través de la intervención de un fiscal varelense, pasó ayer a la órbita de la Justicia Federal, cuyo Juzgado de Primera Instancia Nº 1, en el Departamento Judicial de Quilmes, conduce Luis Armella.
Por tratarse de un delito enmarcado en el ámbito de la Justicia Federal, será Armella el encargado de seguir con la investigación, en el marco de la causa iniciada tras la liberación de las veinticuatro mujeres, entre las que, se supo, además, al menos dos serían menores de 15 y 16 años.
Además, el paso de la causa a la Justicia Federal permitiría que los detenidos sean imputados bajo la figura de "trata de personas", delineada en la Ley Nº 26.364, ya que la imputación de la Justicia Ordinaria es, hasta el momento, por "promoción y facilitación de la prostitución".
Por otro lado, Armella buscará dar con al menos uno de los integrantes de la banda (aunque podrían ser más), que se encargaba de engañar a las mujeres en el vecino Paraguay, y traerlas al país con promesas de trabajar cuidando ancianos, o como empleadas domésticas.
Entre los detenidos están el dueño de la propiedad allanada, y el encargado del prostíbulo, así como otros tres empleados. La investigación se orienta, ahora, en dos direcciones: determinar qué otros integrantes tiene la banda, dedicados a las tareas de captación, y posibles ramificaciones de la red.
Esta no será la primera de las investigaciones por trata de personas que el Juzgado Federal de Quilmes lleva adelante, bajo esa configuración delictiva, desde que en 2008 se sancionó la Ley Nº 26.364, De Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Esclavas del siglo XIX, en pleno siglo XXI
Remedando situaciones emblemáticas de esclavitud que hoy parecen extemporáneas, las cautivas recibían una “retribución” mínima por su trabajo sexual, de la cual luego les era descontado el gasto de alojamiento, alimentos y ropas.
Su situación era de literal esclavitud, aisladas de todo contacto, ya que los movimientos del grupo se realizaban entre el alojamiento y el prostíbulo, circulando por la Ruta Provincial Nº 6, que atraviesa paisajes netamente rurales.
El prostíbulo allanado estaba también enclavado en medio de un área rural, por la que sólo transitan camioneros y ocasionales automovilistas. Entre unos y otros se repartía la “clientela” del lugar allanado.
De Perspectiva Sur, Argentina
Más sobre el tema en: http://textosincendiarios.blogspot.com/2011/07/informe-especial-trata-de-mujeres-en.html
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