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martes, 13 de septiembre de 2011

Informe Especial, “Trata de mujeres en Argentina” – Ocho: Provincias: el universo paralelo


A los ocho años transcurridos para la implementación de una ley nacional que adecuara los alcances de la adhesión al “Protocolo” en la Argentina, se sumaron otros tres años para que, a partir de junio de 2011, la provincia de Buenos Aires contara con una Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas. Aún no con una ley provincial, como la que se dio también en forma reciente, la provincia de Entre Ríos.

Al día de hoy, a nivel municipal, no existen todavía en territorio bonaerense dependencias específicas para la recepción de denuncias sobre explotación de personas, especialmente para los casos donde el fin es la explotación sexual. Tampoco existen esquemas de atención y contención de esas víctimas.



Provincias y municipios

El 13 de junio último, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, cuyo objetivo central, según remarcó el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, es el de “erradicar definitivamente este tipo de prácticas porque afecta al futuro de la Provincia y la Nación”.

La información oficial difundida no precisaba cuáles son los alcances y objetivos reales de la Comisión, más allá de unos cuantos postulados teóricos y lugares comunes, donde recibió más énfasis la nómina de los presentes, que la traducción práctica de los aspectos que hacen al funcionamiento de la Comisión.

Se informó, en cambio, que la “Comisión” estará integrada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los gobiernos municipales representados por la Federación Argentina de Municipios, y su objetivo es la articulación en el diseño e implementación de políticas públicas para la prevención del delito de trata de personas.

Por el momento, el portal web oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense limita su trabajo a lucha contra la trata de personas a una línea gratuita que siquiera funciona durante las 24 horas, y a una dirección de correo electrónico. O bien, deriva el problema.

Dice en el portal www.mseg.gba.gov.ar:

“Denuncie la Trata de Personas

al teléfono 0800 333 5502

Horario de atención: de Lunes a viernes de 07 a 19 horas

o al e-mail tratadepersonas@mseg.gba.gov.ar

o al 0800-999-2345 las 24 horas, línea de la Organización Internacional para las Migraciones”.

Es dado considerar que la creación de la Comisión provincial, bien podría tener correlato en acciones que, en lo sucesivo, puedan implementarse desde los municipios. Al día de hoy, esas acciones están completamente ausentes, y no hay políticas de rango municipal para la recepción de denuncias o contención de víctimas de las redes de trata de personas.

María Dolores Giménez Zapiola, directora de Equidad de Género y Promoción de Derechos, de la Municipalidad de Quilmes, sintetizó, al ser convocada para este trabajo, la realidad existente a nivel comunal: “Por el momento, no tenemos dependencias municipales dedicadas al tema, pero conocemos la necesidad (no por denuncias, ya que no recibimos ni supimos de ninguna) y queremos comenzar a trabajar en ella”.



Otro avance

El 4 de agosto último, la provincia de Buenos Aires dio un paso más para brindar respuesta a las víctimas de las redes de trata de personas, cuando la Cámara de Diputados provincial aprobó el proyecto de ley presentado por la diputada Nancy Monzón (Pro), con el fin de crear el Sistema de Refugios para víctimas de Trata de Personas con fines de Explotación.

La iniciativa buscaba inscribirse como “un aporte a la Ley Nº 26.364, de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” sancionada en el 2008 que, en su artículo 6°, inciso b) garantiza el derecho de las víctimas a “…Recibir alojamiento apropiado…”.”, había precisado la autora de la iniciativa.

La nueva ley, promovida por Monzón, pretende dotar a la provincia de Buenos Aires de un sistema de refugios para la asistencia a las víctimas de la Trata de personas, “entendiendo que constituye una pieza clave y fundamental en la recuperación de las mujeres, niños y niñas que fueran rescatados de estas redes de delito”, según explicó la diputada.

La diputada del Pro insistió en el carácter fundamental y necesario de estos ámbitos porque son iniciadores del proceso de contención que comienza luego del rescate de las víctimas. Además, agregó que son especialmente concebidos para dar solución, con la ayuda de equipos interdisciplinarios, a las necesidades de cuidado y asistencia médica, legal, psicológica y social de las personas rescatadas de las redes clandestinas.



El problema legal

Pero más allá de las políticas que apuntan a la contención y recuperación de las víctimas rescatadas de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, el carácter federal de la Ley Nº 26.364, se convierte en si mismo en un límite para el accionar contra las redes.

La prueba más contundente está dada por las fuertes acciones que vienen encarando fiscales de la Justicia provincial de Buenos Aires, en el ámbito del Departamento Judicial de Quilmes, y que se tradujeron en numerosos allanamientos en los partidos de Berazategui y Florencio Varela, principalmente, así como Quilmes en menor medida.

Los fiscales intervinientes se desempeñan en el ámbito de la Justicia Provincial, por lo que no pueden accionar bajo la figura legal que abre la Ley Nº 26.364, y deben recurrir a otras herramientas legales para llevar adelante sus acciones.

Tras los allanamientos, las causas son elevadas a magistrados federales, que pueden aplicar los postulados de la ley nacional contra la Trata de Personas.

Sin embargo, el escenario que se presenta en tan sólo los tres distritos que componen un Departamento Judicial como es el del Conurbano, que además se encuentra densamente poblado y cuenta con numerosas dependencias y funcionarios de la Justicia Ordinaria, no se repite en la misma proporción en el interior bonaerense. Mucho menos en otras provincias del interior del país.

Así, la falta de legislación provincial que permita a la Justicia trabajar desde un encuadre legal que contemple el delito de trata de personas, genera límites a la acción judicial de los magistrados provinciales.

Así, las figuras legales a que echan mano los agentes del Ministerio Público, buscando evitar que los delitos queden impunes hasta tanto declarar su incompetencia y elevarlos a la Justicia Federal, varían desde "facilitación para la prostitución", “desvirtuar el rubro comercial” (al incluir servicios sexuales en un bar o pub)(1). Se busca imputar a los responsables de las casas de citas allanadas la violación de la legislación que prohíbe la figura de proxenetas, pero como en el caso de un allanamiento realizado recientemente en Florencio Varela(2), y en el que fueron liberadas veintiséis esclavas sexuales, de la cuales 25 eran paraguayas traídas con engaños, “inicialmente se dificulta probar la existencia del delito de trata de personas”(3).



Sin condenas en la Ciudad de Buenos Aires

El problema no parece ser exclusivo de los territorios provinciales, sino que también se refleja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, además, organizaciones de lucha contra la trata y la explotación sexual denunciaron a fines de julio que “¡miles de mujeres son atrapadas por redes dedicadas a la prostitución, sin que haya luego personas condenadas por la Justicia porteña”.

Martín Neira, secretario de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), dependiente del Ministerio de Justicia, señaló como rasgo peculiar de las redes de prostitución que "en la Ciudad, a diferencia de otras provincias, no hay condenas por trata para explotación sexual".

"La única sentencia que existe fue absolutoria y por explotación laboral", afirmó el funcionario judicial en declaraciones al Diario Z porteño.

Con respecto a qué papel le cabe a la Justicia de la Ciudad en un delito federal como lo es la trata de personas, Neira explicó que "el Ministerio Público porteño investiga delitos de índole contravencional o ciertos delitos correccionales como violaciones a la Ley de Profilaxis".

Además, consideró que "para cerrar los prostíbulos, si no se puede ir por el lado de la trata, se pueden investigar delitos conexos como la administración, regenteo o sometimiento de casas de tolerancia, que es la infracción a la Ley 12.331 de Profilaxis".

"Hay una investigación sobre 248 avisos clasificados que le llegó a la Fiscalía Nacional Correccional 9 y nos pidió colaboración. Se cruzaron los avisos con los domicilios que se investigaban en la causa de los 600 prostíbulos denunciados", precisó.

Neira agregó: "La investigación está en la Fiscalía 9".

Al referirse a los obstáculos para combatir la trata de personas, sostuvo que "cambiar la concepción errónea de que las mujeres están por su voluntad propia".

"Entender que detrás de esas mujeres hay una historia, un aprovechamiento por parte de explotadores. Y si las comisarías no hacen nada se puede sospechar connivencia policial", indicó.

En marzo de este año, se realizó un operativo conjunto entre Gendarmería y Prefectura, cuyos efectivos allanaron en forma simultánea unos 50 bares, boliches y cabarets en barrios porteños como Palermo, Recoleta, Constitución y Bajo Flores, entre otros.

En el procedimiento, se encontraron menores prostituidas, actas policiales falsificadas y papeles donde se constaban pagos mensuales de prostíbulos a la comisaría de la correspondiente jurisdicción.



1-Situación que se registró durante el último fin de semana en Berazategui, en un episodio donde intervino la Dirección de Control Urbano Municipal.

2-Hecho ocurrido en el fin de semana del 27/28 de agosto de 2011, con dos allanamientos en Florencio Varela y La Plata.

3-Así lo consignó el informe difundido a través de la agencia Télam, tras la actuación de la Justicia en el caso del prostíbulo varelense.



Fuentes:

-Radio FM Q (www.laqfm.com.ar)

-Alba Susana Alvarenga Casco, psicóloga (Entrevista)

-Ley Nº 26.364

-Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (www.hcdiputados-ba.gov.ar)

-Agencia Télam (www.telam.com.ar)

-María Dolores Giménez Zapiola, directora de Equidad de Género y Promoción de Derechos de Quilmes (Entrevista)

-Federación de Entidades de Fomento del partido de Quilmes (www.federacionentidades.org.ar)

-Diario Z (www.diarioz.com.ar)

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