Tiempo después de que el Frente
para la Victoria
hubiera presentado en el Congreso el proyecto de reforma del Código de Procesal
Penal y cuando la iniciativa ya había logrado media sanción, el diputado del
frente Renovar, Sergio Massa, anunció que su agrupación política tenía una
alternativa.
En el momento en que ya era un
hecho que iba a darse la media sanción que faltaba para que el proyecto se
convirtiera en ley, el ex intendente de Tigre decidió hacer pública la
alternativa que impulsaba.
Singularmente, tratándose de un
legislador nacional, el lugar elegido para la presentación no fue el Congreso,
sino un teatro, donde se rodeó de integrantes de la ong Madres del Dolor (la
misma que, curiosamente, en la previa a la elecciones legislativas de 2013
lanzó una persistente campaña televisiva contra la inseguridad y el delito en
medios televisivos de la mano de Georgina Barbarrosa, algo que no se había dado
ni antes).
El Congreso, por supuesto, convalidó
la iniciativa del Frente para la
Victoria , que tras su sanción fue promulgada por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el Frente Renovador, así
como desde otras fuerzas políticas ubicadas en el arco opositor, se insistió
durante el debate y hasta ahora en que se trata de un paquete de medidas que “le otorga más derechos a los
delincuentes”, es un “código garantista”, o “no se pone del lado de las victimas”.
El titular de la Oficina de Enlace
Legislativo de la
Procuración y fiscal federal, Félix Crous, reconocida figura
del derecho penal, realizó un diagnóstico minucioso y defendió el nuevo Código.
“El actual sistema concentra
demasiado poder en los jueces y facilita la impunidad al eternizar los
procesos”, mientras que “el nuevo modelo de persecución penal está, a nivel
internacional, entre los que más derechos otorgan a la víctima”.
¿Funcionarios impunes?
La presunta mayor impunidad de
que gozarían los funcionarios públicos con el nuevo código es una preocupación
de la oposición, que parece olvida las situaciones de Domingo Cavallo
(Megacanje) Federico Sturzenegger (Megacanje), María Julia Alsogaray
(privatización de Entel) y Carlos Menem (causa por la venta de armas a Croacia y
Ecuador) entre otros casos que involucran a ex funcionarios y se desarrollaron
con en anterior Código.
Al respecto, Crous dijo que “no
hay ninguna posibilidad de que haya un mecanismo” especialmente ideado en esta
norma para garantizar la impunidad. “Las reglas de disponibilidad de la acción
penal no admiten dejar afuera de la persecución a los funcionarios públicos”.
Extranjeros en la mira
Como pocas veces antes, quienes
se encargan de estigmatizar sistemáticamente a los extranjeros desde las
trincheras de la política o los medios de comunicación, salieron a mostrarse
horrorizados frente a lo que, en la letra del nuevo Código, parece una veta de
xenofobia, ya que el texto contempla la posibilidad de que los extranjeros que delinquen
puedan ser expulsados.
No solo las estadísticas indican
que solo el 6 por ciento de los condenados por delitos en Argentina son
extranjeros, sino que al respecto Crous reconoció que lo que será necesario es
“un estricto seguimiento de la actitud de los jueces, para que no se conforme
una categoría especial de persona sobre la que se enfoque la acción punitiva del
Estado”.
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