Sin corona: el círculo de violencia sobre Reina Maraz

Por Luciana Rodriguez Sacco. - Reina Maraz, mujer, migrante y boliviana,  fue acusada del asesinato de su marido Limber Santos, ocurrido en 2010. La fiscalía demoró tres años en ponerle un intérprete quechua y en octubre la condenó a cadena perpetua. La historia de Reina es una historia donde la violencia de género, la violencia institucional y la judicial conforman una red difícil de desarticular.

Reina se desplomó sobre el piso de la Unidad Penitenciaria de Los Hornos cuando un intérprete quechua  le contó el por qué estaba detenida desde hacía más de un año: la acusaban de haber asesinado a su marido Limber Santos. Durante todo ese tiempo ella había estado allí sin saber el motivo; ni los jueces ni los fiscales se habían percatado, o no tuvieron  la intención de hacerlo, de que Reina entendía poco y nada de español, ella hablaba en Quechua su lengua materna, la que había aprendido en el altiplano boliviano.

Asintió con la cabeza ante la policía y el tribunal, mientras le leían en castellano los cargos que se le imputaban. Esto fue interpretado por ambos como la confesión del crimen,  pero nadie reparó  que en la cultura quechua  este gesto no quiere decir aceptación sino que muestra la intención de dialogar. Eso era lo que buscaba Reina, quien nunca imaginó que terminaría con una condena de cadena perpetua. Así, para la justicia argentina la víctima se transformaba en victimario.

Reina llegó al juicio sin poder entender ni ser entendida hasta pasados los tres años de prisión preventiva, es por ello que en la causa la voz de Reina casi no aparece. El intérprete llego un año y medio después de su detención, ante el reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria (CMP) que en una visita el penal de Los Hornos en 2011 detectaron que Reina no comprendía el español. Hasta ese momento nadie parecía haberlo notado y Reina permanecía encerrada sin demasiadas explicaciones.

Desde la CPM  afirman que “el Caso Reina Maraz visibiliza la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra una persona al coincidir en ella una especie de intersección de causas de desigualdad: es mujer, es pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de mucha violencia, lo que la coloca en una situación particular que debe ser tenida en cuenta por todos los actores institucionales intervinientes”.

Su codena está basada en el pedido del fiscal, Fernando Celesia, y en una Cámara Gesell que le realizaron al hijo de mayor de Reina,  quien en ese entonces tenía cinco años, la cual no fue hecha con el debido cuidado, ya que al niño se lo entrevistó como si fuera un adulto, sin la presencia de un psicólogo y sin un traductor. Con estos argumentos,  la sentencia que se conoció cerca de las dos de la tarde el pasado 28 de octubre, determinó que Reina continuará en prisión domiciliaria hasta que exista resolución de Casación a la apelación que presente la defensa.

Pese a este sin fin de violaciones de los derechos de Reina, las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butiérrez la encontraron culpable del asesinato de su marido y jamás tuvieron en cuenta, a lo largo del proceso judicial, la violencia física y verbal a la que fueron sometidos Reina Maraz y sus hijos, por su marido, por la policía y por el mismísimo sistema judicial que revictimizó una y otra vez a esta mujer, migrante, boliviana y pobre.

La sumisión

Nacida en la comunidad Kichwua, cerca de Sucre, conoció el desarraigo desde muy joven: primero cuando se casó con Limber a sus 17 años y debió mudarse con él y su familia, y luego cuando  vino a la Argentina, en 2009,  con sus dos hijos, obligada por su marido quien ya había estado viviendo en el país por casi dos años, en los cuales no se comunicó con Reina ni le envió dinero para los niños. Pese a sus malos presentimientos no le quedó otra opción que juntar unas ollas y algunas mantas y salir tras los pasos de su marido. Era eso o quedarse sin sus “guaguas”, que en ese momento tenían dos y cuatro años.

Sus malos presentimientos tenían algo de verdadero, el nuevo país se mostraba hostil, Limber se emborrachaba todos los días y la golpeaba; no había plata para comida porque lo poco que ganaban él se lo gastaba en alcohol y para peor vivían todos en lo de una hermana de Limber en Villa Soldati. Allí Reina atravesó una situación de violencia muy fuerte cuando su marido abrió la llave del gas para matarla y amenazo con prender fuego la casa y así matar a ella y a los niños. La hermana de Limber, temiendo que Reina intentara volverse a Bolivia, le retuvo sus documentos y los de sus hijos. Así Reina quedaba a merced de su marido y la familia de este.

Reina no tomaba decisiones, no manejaba dinero y tampoco tenía permiso para mandar a sus hijos a la escuela, vivía completamente sometida a su marido, con quien luego se mudaría a Florencio Varela. Allí trabajaban todo el día en el horno de ladrillos de “Cacho”: Limber los cortaba y ella los apilaba por casi nada de plata. Así pasaban las horas varias familias bolivianas que  llegaban buscando un mejor pasar, pero los pocos pesos que cobraban con suerte alcanzaban para la comida de los chicos.

En ese lugar fue donde conocieron a Tito Vilca Ortiz, también de nacionalidad boliviana y el otro acusado por el asesinato de Limber Santos, pero que no llegó a juicio oral ya que murió en la Unidad 23 de Florencia Varela el año pasado a causa de una cirrosis.  La fiscalía argumentó que Reina y Tito mataron en conjunto a Limber Santos, pero nunca tomaron en cuenta el testimonio de Reina quien confesó haber sido abusada sexualmente por Vilca en dos oportunidades, con el consentimiento de su marido quien usaba su cuerpo para saldar las deudas de la bebida y el juego.  Así, la fiscalía la acusaba impunemente de haberse complotado con el vecino que la había violado.

Limber siempre había sometido a Reina, de hecho cuando volvió a Bolivia a buscarla, tras su estadía en Argentina la llevó a un clínica privada en Potosí donde hizo que un médico la examinara para detectar si en su ausencia ella había mantenido relaciones sexuales con otros hombres. Esto consistía en una revisación de tacto en los órganos y análisis de sangre. Los resultados arrojaron que Reina no había estado con ningún hombre, pese a las acusaciones de la abuela de Limber, quien decía que Reina engañaba a su marido con su primo Orlando. Tenía solo 19 años cuando fue víctima de esta aberración médica.

La situación terminó en el Corregidor, que es una especie de líder local que dirime todo tipo de conflictos y  donde se aplicó un proceso de justicia indígena para aclarar la situación. Allí se labró un acta contando lo que había pasado y desmintiendo a la abuela de Limber. Pese a los intentos de la hermana de Reina por contar esto en el juicio,  la barrera idiomática se hizo nuevamente presente junto con la desidia judicial y le impidieron declarar en quechua, por lo tanto su testimonio queda anulado.

“En el juicio Reina cuenta que en su comunidad no había policía, que hay un corregidor. El tema es que nadie indaga sobre eso. Dentro de este proceso de violencia de género también hay choques culturales y el Poder Judicial no se hace cargo. Los funcionarios no tienen  perspectiva de género y mucho menos de culturalidad”, explica Mariana Katz  integrante del área de Litigio Estratégico de la CPM.

 

Culpable

A la cárcel llegó embarazada de siete meses y parió ahí sola, lejos de sus dos hijos que habían sido enviados con su familia a Bolivia. Reina no sabe si su última hija, que hoy tiene tres años,  es de Limber o producto de la violación que sufrió por parte de Vilca, de lo que sí está muy segura es de prohibirle hablar en quechua, porque tiene miedo que en un futuro no pueda defenderse. La cuestión simbólica del lenguaje está muy presente en ella.

“Yo quiero decir que  esta mujer habla castellano porque cuando hizo la denuncia con su suegro me dijo del color que estaba vestido”, expresó  en el juicio el policía que tomó la denuncia a Reina cuando su marido estaba desaparecido, el 16 de noviembre de 2010. Reina había ido con su suegro, Lino Santos, a la comisaría de Florencio Varela, y fue este quien denunció la desaparición de su hijo, ella solo se limitó a decir los colores de la ropa que llevaba puesta, algo que bajo ninguna circunstancia indica que Reina comprenda una conversación en español, aunque sí conoce algunas palabras.

Dos semanas antes de la muerte de Limber habían hecho una comida típica en el horno de “Chacho”, después de allí él partió con Vilca  y se fueron a bailar a Liniers, el punto de encuentro de la comunidad boliviana. Eso era común en Limber, salir los sábados de noche y regresar al otro día completamente alcoholizado. Allí Limber le pidió dinero a Vilca  y a cambio le ofreció el cuerpo de Reina. Esa noche sería la primera vez que Reina sería víctima de Vilca, la otra sería luego de que este asesine a su marido, quien por cierto confesó el crimen en una declaración.

Incluso, pocos días antes Limber y Vilca habían mantenido una fuerte discusión en el horno de ladrillos donde no escatimaron las trompadas. Después de eso Vilca fue a casa de Reina para decirle que su marido se había ido al pueblo, pero Limber nunca regresó. En esa oportunidad Vilca volvió a abusar sexualmente de Reina. La fiscalía no reparó en los repetidos abusos, sino que cuestionó a Reina por no denunciar estos hechos a la policía, sin tener en cuenta que  su comunidad no se rige con esto principios;  las fuerzas policiales son inexistentes, todo pasa por las manos del Corregidor. 

El cuerpo de Limber fue hallado a los pocos días dentro del campito donde se encuentra el horno de “Cacho”, estrangulado con una toalla, algo que dos testigos aseguraron que Reina no podría haber hecho por lo delgada que era. Argumento que tampoco fue tenido en cuenta en el juicio.  Hoy de la familia de Limber no se sabe nada, como así tampoco del dueño del horno de ladrillos,  se esfumaron por completo, ¿casualidad? Mientras tanto Reina continúa presa y condenada a cadena perpetua, víctima de una vulneración constante de sus derechos por ser mujer, migrante, pobre y boliviana.

Publicada en Isondú noviembre.