Un mar de uniformes

La provincia de Buenos Aires es la más poblada del país, y sin duda el área del Gran Buenos aires la que mayor densidad geográfica posee con un amplio espectro de realidades sociales, económicas y culturales.

Quizá por esto, y contrariamente a lo que las estadísticas aseguran, se plantea una y otra vez que es este el escenario de la mayor “inseguridad” del país. Es decir, el espacio territorial de la Argentina en el que mayor número de homicidios, delitos contra la propiedad y las personas se cometen.

Lo cierto es que contrastando estadísticas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente se viene produciendo un incremento en el porcentaje de hechos delictivos es en la CABA.

Claro, ante este dato, el argumento esgrimido es que se trata de delincuentes que residen en la provincia pero delinquen en la Capital y luego “cruzan la General Paz” para garantizarse impunidad. No por transitado este argumento de ser empleado una y otra por los hacedores del discurso de la inseguridad.

Como uno de los principales exponentes de la lucha contra esa inseguridad mediáticamente construida, el gobernador bonaerense Daniel Scioli viene desplegando desde el momento mismo de su asunción una serie de políticas destinadas a garantizar seguridad mediante la instrumentación de mayor cantidad de efectivos en las calles.

A finales del mes de noviembre último fueron 10 mil los nuevos policías egresados que engrosan las filas de la Policía Bonaerense.

Sin embargo, este verdadero mar de uniformes no es la única estrategia desplegada por el mandatario bonaerense, que decretó la Emergencia en seguridad el 5 de abril de 2014 y de esa manera convocó a policías retirados para cubrir cargos administrativos y desafectar de ellos a uniformados en actividad.

La medida fue duramente cuestionada por agrupaciones de izquierda, por organismos de derechos humanos y hasta desde la propias filas del kirchnerismo, dado que se adujo que esta “convocatoria” a los desafectados de la fuerza podía abrir la puerta a quienes habían sido alejados por hechos reñidos con la legalidad.

Otro de los capítulos de 2014 fue la creación de la Policía Municipal, un intento de dotar a los municipios de una fuerza propia y de proximidad con las diferentes comunidades. Estos futuros policías ya están capacitándose, pero no estarán las calles de los municipios de los que formarán parte hasta el 2015.

Así, los diversos paquetes de soluciones aportados por el gobierno bonaerense parecen ubicar en segundo plano a las iniciativas sociales que apunten a la inclusión, privilegiando de esa manera la política de endurecimiento de las acciones.

Delito no es lo mismo que inseguridad

El discurso mediático hace foco en la “inseguridad” y toma ese término como eje de cualquier debate sobre delito, instalándolo en forma contundente en una sociedad que, a fuerza de erosión política y mediática, corrió el paradigma y naturalizó como factor de seguridad la no existencia de delitos.

Para la Real Academia Española (RAE), el máximo organismo regulador de la lengua castellana, es decir, del idioma que hablamos, el término seguridad cuenta con una serie de definiciones.

En ningún caso remiten al concepto con que lo entendemos hoy los argentinos.

Un proceso que comenzó hace más de 20 años logró erosionar el imaginario social y naturalizar la idea de que inseguridad (es decir, la falta de seguridad), es equivalente a delito en cualquiera de sus formas.

Hoy este significado no está en discusión. Por el contrario, cada vez que se comunica un hecho policial se habla de inseguridad a través de los diarios, la televisión o las radios; y la clase política repite el mismo esquema sin importar si ideológicamente se ubican en la derecha, la izquierda o el centro.

Se hace indispensable, entonces, desandar el camino y poner cada término en su lugar.

Delito es para la RAE, la violación de una ley o un crimen.

Por lo tanto, desde un robo hasta un homicidio entrarían en esta categoría, ya que se trata de transgresiones a las leyes que existen en nuestro país.

Seguridad, en cambio, se aplica a un amplio abanico de cosas que incluyen desde aspectos jurídicos hasta sociales.

Sin embargo, el 5 de abril último, el gobernador Daniel Scioli dispuso la Emergencia en Seguridad para la provincia de Buenos Aires por espacio de un año; y lo hizo cediendo a las presiones mediáticas que vienen haciendo de este concepto, además mal aplicado, una herramienta con la que ejercer presión política.

La situación de excepcionalidad decretada por el gobernador Daniel Scioli tiene una vigencia de un año, por lo que se extenderá hasta la primera mitad de 2015. En el marco de un año electoral, no se descarta que el mandatario pueda extenderla.

En lo discursivo el objetivo central es “acorralar el delito”, y para hacerlo la norma implica “agilizar la llegada de recursos humanos y materiales”.

Una de las medidas más cuestionadas es la construcción de ocho alcaidías, una instancia en la que se aloja a los detenidos mientras se realiza la investigación, y que en este caso, tendrán capacidad para unas mil personas.

Otro de los aspectos cuestionados es la convocatoria realizada a ex agentes de la Policía Bonaerense, en el marco de una acción que volverá a incluir a aquellos que fueron  separados de sus funciones por hechos de corrupción o por diferentes irregularidades.

En tercer término, cabe considerar que el Estado provincial se endeudó en 600 millones con el Banco Provincia para sostener la Emergencia.

La medida no fue discutida por la Legislatura.