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jueves, 15 de enero de 2015

Nuevo rumbo en la Iglesia Católica: se abren los archivos secretos del Vaticano


Por Luciana Rodríguez Sacco. - Así lo propuso el papa Francisco, para contribuir en la búsqueda de datos de personas secuestradas, torturadas y desaparecidas durante la última dictadura militar argentina. En junio pasado, los documentos presentados en el juicio por el asesinato de Monseñor Angelelli sentaron un precedente. Una reforma legal inédita que pone de manifiesto una nueva posición del catolicismo en la historia del país.

Cuenten conmigo, estoy a su disposición”, le había dicho el Papa Francisco a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en una audiencia pública en abril de 2013 cuando esta le solicitó la apertura de los archivos eclesiásticos por casos de desaparecidos en la última dictadura cívico – militar argentina. Hacía poco más de un mes que la fumata blanca saliendo de la chimenea del Vaticano confirmaba que Jorge Mario Bergoglio, un jesuita de 76 años, se había convertido en el Papa número 266 en ser llamado Francisco I y en el primer pontífice en la historia de nacionalidad argentina.
Batalladora incansable, Carlotto, pidió colaboración y el Sumo Pontífice cumplió su palabra, haciéndose carne de una reforma legal inédita: por primera vez en la historia de la Iglesia Católica los archivos secretos de la Santa Sede saldrían a la luz después de casi 40 años, para contribuir en la búsqueda de datos de personas desaparecidas durante la dictadura militar de 1976 a 1983.  A partir de ahora, con una solicitud judicial de Argentina sería posible ingresar a los archivos privados del Vaticano para obtener información sobre algún caso preciso, en lo que hace a desaparecidos, personas asesinadas y al secuestro y robo de bebés durante la última dictadura militar argentina. 
Esta decisión, tomada por Francisco en los primeros días de noviembre de este año cuenta con un antecedente en el mes de junio, que fue el aporte de dos documentos relacionados con el asesinato del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, en 1976. La versión oficial durante aquellos años afirmaba que el obispo había fallecido en un accidente de tránsito, tiempo después se comprobaría que el accidente había sido provocado. Por esto  la carta y el informe enviados por el pontífice, que fueron escritos por el mismo Angelelli, resultaron claves a la hora de condenar a cadena perpetua a los represores Luciano Menéndez y Luis Estrella autores intelectuales del crimen.
Pero la relación de Bergoglio y la dictadura militar argentina ha sido un tema punzante.  Poco después de su  elección como papa surgieron informaciones que  lo vinculaban como colaborador de la cúpula militar de aquellos años, cuando se desempeñaba como superior provincial de los jesuitas en la Argentina. Puntualmente en relación al caso de dos curas que formaban parte de su congregación “Compañía de Jesús” y que fueron secuestrados y torturados en 1976: Francisco Jalics y Orlando Yorio. Ambos jesuitas realizaban sus labores en un barrio del sur de Buenos Aires cuando fueron recluidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde permanecieron detenidos cinco meses, para luego aparecer semidesnudos y drogados en un campo de las afueras de la capital del país.
Pero Jalics, rápidamente desmintió estas versiones y aseguró que el papa Francisco no lo denunció ante la junta militar, ni a él ni a Yorio quien falleció en el año 2000. “Estos son los hechos: Orlando Yorio y yo no fuimos denunciados por Bergoglio”, afirmó en un comunicado publicado en la página web de los jesuitas en Alemania. De esta manera la versión que vinculaba a Francisco I con crímenes de lesa humanidad quedaba sin sustento. Incluso la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien se reunió con el Papa y su nieto recuperado Ignacio Guido Hurbain a inicios de noviembre,   también se disculpó con el pontífice por  haberlo vinculado con la dictadura.
Es así que en el período Francisco, la iglesia ha ido modificando su actuación con respecto a la última dictadura militar, que contó con el apoyo, la complicidad y la colaboración de la mayoría de la cúpula eclesiástica. Prueba de esto es el spot que está siendo difundido en los canales de televisión argentinos, donde el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, aparece entre dos abuelas de Plaza de Mayo, la presidenta Estela de Carlotto y la vice presidenta Rosa Roisinblit. Desde allí llama a los ciudadanos, principalmente a los católicos, a informar a las autoridades todo lo que sepan  sobre niños robados y lugares de sepultura clandestina durante aquellos años.  Bajo el título “La Fe mueve hacia la verdad”, el spot  y las decisiones de Francisco marcan una nueva posición del catolicismo en la historia del país.

Silencio en las iglesias: la carta de Enrique Angelelli
La carta llegó al Vaticano, allí Monseñor Enrique Angelelli contaba la situación argentina en plena dictadura militar: “Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del Ejército”, expresaba el sacerdote en el documento fechado en julio de 1976.
Originalmente, la carta, estaba destinada al entonces nuncio vaticano, Pío Laghi, quien, pese a haberla recibido, en reiteradas oportunidades negó haber estado informado del tema.  Laghi sería uno de los cómplices del silencio eclesiástico frente a las denuncias de la desaparición de personas por parte del terrorismo de Estado, actuando como encubridor de los actos que Angelelli venía denunciando.
La “cárcel está repleta de detenidos... por el sólo ‘delito’ de ser miembros fieles y conscientes de la Iglesia”, continuaba Angelelli, quien afirmaba que allí “se tortura asquerosamente”.  También contaba las amenazas de muerte que había recibido, las que finalmente se concretaron el 4 de agosto  de 1976, cuando el obispo fue asesinado en la ruta provincial 38, en las cercanías de Punta de los Llanos.
Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del Ejército”, expresaba el “obispo Rojo”, como lo llamaban los militares por sus labores comunitarias y su cercanía a los sectores más desprotegidos.
 Su carta se conoció el pasado 13 de junio, mientras se estaba llevando a cabo el juicio por su asesinato. Ese día desde el  Vaticano, por decisión de Francisco I, enviaron un mail al Obispado de La Rioja con los documentos. Con este gesto, la iglesia comenzaba a rever su actuación durante la dictadura y a colaborar en un proceso de reconstrucción democrática.

La iglesia como cómplice del aparato represor
Durante los años 70 y 80, la Doctrina de Seguridad Nacional difundida por Washington causó estragos en los países de América Latina.  Las dictaduras fueron imponiéndose una a una en el Conosur: el enemigo de la patria estaba dentro del propio país y contra él había que luchar. Para esto, y como parte del Plan Cóndor, los militares fueron adiestrados para detectar opositores, secuestrarlos, torturarlos y asesinarlos. Un plan sistemático se puso en marcha.
En este proceso la cúpula de la iglesia argentina, en su mayoría, tuvo un rol de complicidad con   la dictadura y a su vez  existió cierta colaboración entre el Vaticano y los Estados Unidos, en un intento por desterrar a los movimientos izquierdistas de América Latina. De hecho, mientras la represión, la tortura y la desaparición tejían una telaraña sobre la Argentina, quien entonces era nuncio papal del país, Pio Laghi, afirmó que: "(...) los valores cristianos están amenazados por la agresión de una ideología que es rechazada por el pueblo. Por eso cada uno tiene su cuota de responsabilidad, la Iglesia y las FFAA; la primera está insertada en el Proceso y acompaña a la segunda, no solamente con sus oraciones, sino con acciones en defensa y promoción de los derechos humanos y la patria (…)”.
Los casos de Monseñor Plaza, Obispo de La Plata,  que entregó a decenas de personas a las fuerzas represivas, incluido su propio sobrino, José María Plaza;  Christian Von Wernich, quien se convirtió en el primer sacerdote juzgado por los crímenes de la dictadura y que fue hallado culpable como coautor de siete homicidios y 34 casos de tortura,  y el caso del obispo de Jujuy,  José Miguel Medina, quien en ese entonces iba dos veces por semana a dar misa a una prisión jujeña, y transmitía a los represores lo que escuchaba durante la confesión de los detenidos,  dan prueba de los vínculos existentes entre la cúpula eclesiástica y la militar.
Pero también hubo otra iglesia: la de Enrique Angelelli, la de Carlos Mugica, la de los Padres Palotinos, una iglesia que se resistió a ser cómplice de uno de los procesos más aberrantes de la historia argentina, una iglesia  que trabajó por y para el pueblo, una iglesia que fue masacrada por la dictadura militar y que lentamente empieza a revindicar su nombre.

Horacio Vertbisky: “Fui yo”
El pasado 18 de noviembre, varios portales y diarios notaron que ocho notas de Horacio Vertbisky sobre el Papa Francisco ya no estaban disponibles en la web de Página 12: “El pasado me condena" y "No sabe, no contesta" del 11 de abril de 2010 así como "El almirante y el cardenal" del 9 de noviembre del mismo año, entre otras. No faltaron quienes atribuyeron esto a la censura del medio a su principal editorialista, por la buena relación que viene manteniendo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el Vaticano. Fue así que, Perfil, Clarín y La Nación, fueron algunos de los diarios que se embanderaron en esta cruzada contra la censura.
Pero el mismo Verbitsky fue quien se encargó de desmentir estos rumores  y por la tarde escribió una editorial titulada: “Fui yo”, donde afirmó que había sido él quien había pedido al diario que retirara sus notas porque “no quería darle la información premasticada a la nube de periodistas europeos que cayeron sobre Buenos Aires para preparar instant books sobre el personaje, ya que sigo investigando el tema y no me gusta regalar mi trabajo”, a lo que agregó que: “Fue una táctica exitosa, ya que la información contenida en esas notas casi no fue replicada por terceros”.
De esta manera el mensaje que había circulado por los medios sobre una posible censura al periodista y director del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) se convertía en falacia. Vebiitsky era quien había pedido que esos artículos dejaran de circular. Falsos eran los rumores sobre que un medio “oficialista” había censurado a uno de sus periodistas.
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